El Gobierno nacional oficializó un cambio de fondo en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), al publicar el Decreto 446/2025, que modifica de manera sustancial el esquema vigente desde 2005. La norma implica la desregulación integral de la cadena de valor del gas envasado, y busca generar un mercado más ágil, competitivo y eficiente, con mayor participación del sector privado.
Se trata de una reforma estructural que afecta a un insumo básico para millones de hogares, especialmente en regiones donde no hay conexión a la red de gas natural. En los hechos, deroga los pilares de la Ley 26.020, sancionada hace dos décadas, que había instaurado un modelo de fuerte presencia estatal en el sector.
Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la ley anterior generó sobrerregulación, duplicación de funciones, distorsiones de precios y sobrecostos operativos, lo que terminó trasladándose a los usuarios. “Este decreto corrige esas fallas estructurales y promueve un modelo más competitivo y transparente”, afirman desde la Secretaría de Energía.
Los principales ejes de la reforma son:
•Eliminación de los precios de referencia: el Estado deja de fijar valores máximos para la garrafa. Ahora, serán los actores del mercado quienes acuerden precios libremente. Según la visión oficial, esto fomenta la competencia y mejora la calidad del servicio.
•Fin de las autorizaciones previas para exportar: se podrán concretar exportaciones sin esperar una aprobación previa del Estado, siempre que esté garantizado el abastecimiento interno. Si no hay objeciones en un plazo de siete días, el silencio administrativo se considerará aprobación automática.
•Ingreso simplificado para nuevas empresas: se agilizan los trámites para ingresar al mercado. El solo cumplimiento de los requisitos reglamentarios habilitará la operación. Si la Secretaría de Energía no responde observaciones en diez días hábiles, se considerará autorizado.
•Autonomía para el canje de envases: los fraccionadores podrán establecer mecanismos propios para la circulación y reutilización de garrafas, sin necesidad de intervención estatal, pero respetando los estándares técnicos y de seguridad.
•Liberalización de importaciones: se eliminan barreras para que proveedores internacionales puedan competir en igualdad de condiciones con los actores locales. También se eliminan las restricciones por paridad de exportación.
•Redefinición del rol del Estado: la Secretaría de Energía mantendrá funciones clave de fiscalización técnica y seguridad operativa. Podrá delegar tareas en organismos públicos o privados, y establecer convenios con provincias para mejorar la cobertura territorial.
Con esta desregulación, el Gobierno busca reorientar su rol: de regulador omnipresente a garante de estándares y seguridad. En palabras oficiales, se trata de “retirar al Estado de lugares donde no aporta valor y concentrar los recursos en fiscalización y control eficiente”.
