Durante la última sesión de la Cámara de Diputados de La Rioja, integrantes del colectivo de discapacidad y legisladores provinciales protagonizaron un intenso intercambio en torno a la situación de las pensiones y el acompañamiento a personas con discapacidad.
María Gianoglio, en representación de un grupo de familias y organizaciones, expresó su preocupación por la falta de pago de pensiones y rechazó las expresiones que, según señaló, ponen en duda la legitimidad de las mismas.
“Nosotros no somos esa gente a la que se refiere la diputada Reynoso. Somos mamás, familias que cuidamos a personas con discapacidad. No todos cobramos pensión y no todas las pensiones están mal otorgadas. Es muy doloroso que se nos acuse de inventar o exagerar una discapacidad para cobrar un beneficio”, afirmó.
Relató además su situación personal, señalando que su hija de 11 años necesita tres terapias distintas, medicación, productos especiales y lentes adaptados que debe conseguir en otra provincia. También detalló que enfrenta una operación valuada en 3.800.000 pesos que aún no ha podido costear pese a realizar distintas actividades para recaudar fondos.
“Estamos de acuerdo con las auditorías, pero no con dejar a una familia sin sustento. No venimos a pelear, venimos a pedir acompañamiento. No pueden minimizar a una familia que lucha todos los días por la salud y la educación de su hijo”, sostuvo.
En respuesta, la diputada Nadina Reynoso explicó su negativa a acompañar un repudio vinculado al tema, aunque aseguró que trabaja a diario en el acompañamiento a personas con discapacidad.
“Hace mucho tiempo que los profesionales que ayudan a estas familias no están bien. Las causas nobles se han usado políticamente y hoy estamos ante una ley de emergencia porque no se aplicaron las leyes vigentes. Se están auditando pensiones mal otorgadas y debemos prepararnos para contener a las familias cuando esto suceda. Un verdadero discapacitado no va a perder su beneficio, y si eso pasa, estaremos para defenderlo”, expresó.
Por su parte, la diputada Liliana Medina, quien padece una discapacidad desde su nacimiento, sumó su postura y recordó un proyecto presentado para mejorar las asignaciones familiares por hijos con discapacidad a los empleados públicos provinciales.
“Actualmente se pagan 3.000 pesos por hijo con discapacidad, un monto que no alcanza para cubrir ni mínimamente las necesidades. No debe quedar en un discurso, necesitamos que el gobernador atienda este reclamo”, señaló.
