A ocho meses de levantarse del sillón de San Martín, y si es que no sólo pretende ser recordado por la "cicatrización" de El Pozo, Francisco Pérez (PJ) deberá ser audaz al timonear el barco provincial para que, averiado como está, no termine por hundirse.
De arranque, el mandatario, que dice ser “el dirigente con mejor imagen de la provincia del FpV”, necesita al menos 1.500 millones de pesos para balancear las arcas públicas; pero, las vías tradicionales para obtener ese dinero parecen agotadas.
Los datos oficiales de la ejecución presupuestaria 2014 dan cuenta que, del total de los egresos –28.859,31 millones de pesos acumulado-, sólo 946,58 millones de pesos fueron destinados a obra pública mientras que 16.271,56 millones de pesos se gastaron en personal.
Para mayor claridad: del 100 por ciento de los gastos, un 3 por ciento se tradujo en trabajos de infraestructura en general e inversiones de largo plazo; en tanto,un 56 por ciento se destinó al bolsillo de los empleados estatales.
La comparación es elocuente por sí misma y más aún si se verifica que la tendencia de volcar mayor cantidad de dinero a gastos corrientes (de la "diaria") que a erogaciones de capital (obras que trasciendan el ejercicio en curso) ha sido la constante de los últimos años de gestión justicialista.
Criticable o no, hasta aquí se evidencia una forma de gestionar el dinero que es de todos los mendocinos (recursos provinciales –tributarios y no tributarios como las regalías- y los que provienen de la Nación –por coparticipación federal, entre otros-).
Por supuesto, hay factores coyunturales (socio-político-económicos internacionales y nacionales) que profundizaron el perjuicio financiero que atraviesa la provincia: desde el fallo adverso de Thomas Griesa en la batalla judicial de nuestro país contra los fondos buitre; pasando por una Ley de Coparticipación Federal que, en los hechos, se olvida del federalismo; hasta un reñido proceso electoral que demostró que 12 jefes territoriales pueden más que un gobernador y que éste puede menos que una presidenta.
Mientras tanto, en este juego de responsabilidades compartidas, cada uno entiende el esquema a su manera:
-Gobierno: los ministros Juan Antonio Gantus (Hacienda), Rolando Baldasso (Infraestructura) y Marcelo Costa (ex ministro de Hacienda ahora a cargo de Agroindustria) coincidieron en que hay un “contexto” complicado y que no es posible comparar Mendoza con San Luis (donde se destina un 48 por ciento del presupuesto total a inversiones públicas) ya que esta última recibe más coparticipación federal. En medio de la tormenta, propusieron salir de la encrucijada con un banco provincial, fideicomisos y, siguiendo con la metáfora naval, la esperanza de que todo termine viento en popa.
-Oposición: surfeando la corriente contraria, Laura Montero, senadora nacional y precandidata a la vicegobernación por el frente Cambia Mendoza, opinó que la salida está en la causa del problema: de administrar correctamente los recursos nada de esto estaría ocurriendo. En el mismo sentido, Sergio Moralejo (UCR), senador provincial y vicepresidente de la Comisión de Hacienda, subrayó la necesidad de “ordenar el Estado y las cuentas públicas priorizando dos ejes de gestión: infraestructura e independencia energética”.
-Economistas: de un lado, el economista y ex ministro de Producción de Celso Jaque, Raúl Mercau, puso el acento en recuperar la capacidad de ahorro del Estado. Opinó que el modelo keynesiano, basado en el consumo, es provechoso pero tiene su límite. Del otro, enfrentado a la “ingeniería keynesiana”, Daniel Garro, director de Value International Group, enfatizó: “El mecanismo más eficiente, siempre, es entregar la obra y explotación posterior a un privado. Esto asegurará que no se hagan obras que no generen valor o riqueza y que el famoso ‘corte de cinta’ tenga el menor costo de oportunidad posible”.
-Consultores: Leonardo González Luque, miembro de la Fundación Ideal, se refirió a la necesidad de “eficientizar la utilización de los recursos” mientras que, Jorge Day, de la Fundación Mediterránea, evaluó el agotamiento de las tradicionales vías para recuperar el financiamiento estatal; a saber: aumento de la recaudación impositiva; disminución de los gastos y acceso al endeudamiento.
-Modelo puntano: el 48 por ciento del total del presupuesto de San Luis 2015, $12.065.825.578, se destina a inversiones públicas y, para muestra, valga el listado de obras realizadas de diciembre de 2011 a la fecha del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de la provincia vecina: 13.000 viviendas; 1187 kilómetros de acueductos; 44 plantas potabilizadoras; 4 diques; 128 obras de reparación y mantenimiento de acueductos y plantas potabilizadoras; 33 kilómetros de autopista, totalizando 885 Km en toda la Provincia; 2690 cuadras de pavimento; 1870 Kilómetros de líneas de media y baja tensión; 148 kilómetros de líneas de alta tensión; 1000 kilómetros de fibra óptica; 224 kilómetros de gasoductos; 186 playones deportivos en escuelas; 8 hospitales nuevos más 11 ampliaciones y refacciones; 14 comisarías y subcomisarías; 1 complejo penitenciario; 1 Centro Deportivo de Alto Rendimiento; además de obras para la educación, que incluyen 8 escuelas, 26 ampliaciones de escuelas y obras de mantenimiento y refacción en todas las escuelas que lo ameriten.
Fuente: Mendoza online