Trabajadores, comerciantes y empresas contratistas manifestaron su «total desacuerdo» con la medida judicial que suspende el corredor logístico por 30 días. Alertan sobre la pérdida de fuentes laborales y el impacto negativo en la economía local. El próximo jueves habrá una nueva convocatoria para judicializar el reclamo.
La Plaza San Martín de Guandacol fue el escenario de una masiva asamblea el pasado lunes por la tarde, donde la comunidad expresó su profunda preocupación ante la resolución judicial que impide el paso de la logística minera por territorio riojano. En comunicación con Radio La Red, el periodista Juan Ramón de FM La Voz, detalló que el encuentro contó con la participación de más de 250 personas, incluyendo trabajadores mineros, comerciantes de la zona y representantes de empresas contratistas como Maggiora.
La asamblea reflejó el malestar generalizado de una comunidad que depende estrechamente de la actividad minera. “Hay un total desacuerdo porque no solo se pueden perder las fuentes laborales de los empleados directos, sino también los beneficios que la minería brinda al comercio local, el hospedaje y otros servicios”, explicó el periodista.
Según los testimonios recogidos en el lugar, Guandacol no cuenta con un flujo turístico que pueda compensar la caída de la actividad: «Hospedamos mineros; si esto no funciona, es lo único que tenemos», señalaron los prestadores de servicio locales.
Durante la reunión se firmó un acta, con la presencia de la escribana Illanes de Villa Unión, y se dio lectura a un comunicado de la Asamblea de Vecinos y Trabajadores de Guandacol. El documento expresa una «profunda preocupación» por la medida dictada el pasado 16 de abril por la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito.
La resolución, firmada por la jueza María Greta Decker, dispuso la suspensión de las actividades y el cierre del corredor logístico por un plazo de 30 días. El comunicado advierte que, como resultado inmediato, la operatoria del proyecto ha sido reorientada hacia la provincia de San Juan, trasladando el impacto económico y los beneficios logísticos fuera de La Rioja.
Actualmente, el puesto policial en el sector de «El Leoncito» mantiene el bloqueo, permitiendo únicamente el paso de ambulancias. Ante la falta de avances para destrabar la situación del impacto ambiental, los vecinos han decidido escalar el reclamo.
Se ha convocado a una segunda asamblea para el próximo jueves 23 de abril, donde se espera contar con el asesoramiento de abogados para judicializar la medida. El objetivo de la comunidad es presentar un petitorio formal para que la jueza Decker revea el fallo que, según consideran, condena al desamparo económico al departamento Felipe Varela.
