El informe del RNTR asegura que en la actualidad un 5,6% de las tierras argentinas pertenecen a capitales extranjeros, mientras que en La Rioja el porcentaje es del 7,66% superando la media nacional.
Asimismo, más de 900.000 hectáreas de tierras rurales de propietarios extranjeros fueron transferidas a argentinos de manera gradual durante los últimos cinco años por la aplicación de la ley 26.737, que el Congreso nacional sancionó a fines de 2011.
Sin embargo, según el relevamiento oficial más reciente, todavía personas y empresas del exterior poseen cerca de 15 millones de hectáreas argentinas.
En 2012, sobre 569 divisiones subprovinciales el Registro Nacional detectó que en 49 jurisdicciones se excedía el límite de 15% autorizado para propietarios extranjeros. Hoy son 46 las áreas que superan ese tope.
Aunque actualmente ninguna de las provincias sobrepasa el 15% establecido por ley para proteger el dominio nacional sobre las tierras de uso agropecuario y los recursos naturales, en seis departamentos más del 50% del territorio pertenecen a personas de otros países.
En este sentido, los casos extremos de extranjerización de tierras rurales, según el RNTR, son los de las localidades salteñas de San Carlos (58,7% de la superficie, 301.000 hectáreas) y Molinos (208.000 hectáreas, 57,7% del total); mientras en General Lamadrid, La Rioja, son casi 355.000 hectáreas (57,5%).
Le siguen los casos de Lácar, Neuquén, con 254.000 ha (53,5% de la superficie rural del departamento); San Miguel, Corrientes, con 87.300 ha (50,8%); y Campana, en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires (la más fértil y productiva, 50,4%).
Decreto 820
El cómputo inicial del RNTR consideraba una superficie total de 267.679 hectáreas de tierras rurales, pero el área se redujo en 968.000 hectáreas mediante el decreto 820, de junio del 2016, que excluyó del tope de 15% a los terrenos destinados a zonas, áreas o parques industriales.
Dicha normativa elevó al 51% la participación, originalmente del 30%, de los extranjeros como titulares del capital social de una persona jurídica con suelos de uso agropecuario entre sus activos.
Según el actual subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, estas medidas apuntaron a “facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país, a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 del 2012”.
Asimismo el decreto buscó más fluidez en el comercio de tierras rurales, expandir los negocios agroindustriales y corregir omisiones, ya que la anterior reglamentación de la ley no definía el modo de computar áreas en los casos de dominio desmembrado (cuando existe usucapión, alquiler, usufructo o derecho de superficie).