Los cancilleres del Mercosur se reunieron hoy en Buenos Aires para evaluar la crisis en Venezuela , el quinto integrante del bloque que se encuentra suspendido desde diciembre por el incumplimiento de las normas internas.
Asistieron los cancilleres de Argentina, Susana Malcorra ; Brasil, Aloysio Nunes; Paraguay, Eladio Loizaga; y Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en un encuentro en el Palacio San Martín rodeado de protestas de agrupaciones políticas y sociales en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro.
La reunión fue convocada de urgencia por el Gobierno argentino, a cargo de la presidencia pro-tempore del Mercosur, para analizar "la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela".
Los cancilleres destacaron la "crisis política, institucional, social, de abastecimiento y económica que atraviesa Venezuela", y leyeron un documento en donde instaron al gobierno caribeño a "asegurar la separación efectiva de poderes".
También exhortaron a Venezuela a respetar el cronograma electoral, garantizar el pleno goce de derechos humanos, otorgar garantías individuales, y liberar a los presos políticos.
"Ha habido una intromisión sistemática por parte del TSJ de Venezuela sobre la Asamblea Nacional. La cuestión del desacato ha sido usada a lo largo del tiempo. Es cierto que ha decidido volver atrás algunas decisiones que se tomaron pero también es cierto que se ha mantenido lo que tiene que ver con el desacato. La separación de los poderes no está funcionando", dijo Susana Malcorra durante la reunión.
"Es fundamental que los instrumentos democráticos se activen en tiempo y forma para llegar al objetivo de que el pueblo venezolano se exprese a través de las urnas. Creemos que la activa decisión de la comunidad internacional expresada desde la región y desde los países de forma individual y colectiva, de países que van más allá de la región, ha tenido sin lugar a dudas un impacto en Venezuela. Tenemos que admitir que es muy sintomático que esta reacción se haya producido tan rápido luego de que se convocara a la reunión anoche", agregó.
A su vez, los cancilleres indicaron que la OEA ha llamado a una reunión de Consejo para discutir la situación de Venezuela y eventualmente convocar a una Asamblea para aplicar Carta Democrática. La Carta Democrática de la OEA y la Cláusula Democrática del Mercosur no implican la expulsión del Estado involucrado.
Marcha atrás del TSJ
En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela negó hoy que haya disuelto al Parlamento, de mayoría opositora, tras modificar una sentencia con la cual había asumido las funciones legislativas.
"Las decisiones emanadas por el TSJ no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado", señaló un comunicado leído por el presidente del TSJ, Maikel Moreno.
La corte también "reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función de la actividad legislativa, con las limitaciones" que fija la Constitución, añade el texto.
No obstante, aclara que "es solo responsabilidad del órgano legislativo reasumir el válido ejercicio legal y legítimo de sus competencias constitucionales, al acatar las decisiones del poder judicial y someterse al estado de derecho".
La declaración fue emitida luego de que la corte suprimiera partes de dos sentencias con las cuales se adjudicó esta semana las competencias del Legislativo y retiró el fuero a los parlamentarios.
El TSJ justificó esas medidas en el estatus de "desacato" en que declaró a la Asamblea hace más de un año, aduciendo que no han desvinculado formalmente a tres de legisladores opositores acusados de fraude electoral.
El presidente del Parlamento, Julio Borges, aseguró este sábado que esos dictámenes consumaron un "golpe de Estado" que se mantiene pese a la supresión parcial de su contenido, por lo que "no ha habido cambio".
Mientras, el jefe de la bancada opositora, Stalin González, anunció que el próximo martes propondrá a la cámara destituir a los magistrados por haber cometido un delito penal.
Sin embargo, Moreno advirtió que "el Poder Judicial no demostrará pasividad ante los ataques de los cuales pudiéramos ser objeto por parte de factores nacionales e internacionales, que hoy se alzan con una vocería tendenciosa y desconocedora de la soberanía nacional".
Los dictámenes generaron el rechazo de varios países. Perú retiró a su embajador en Caracas, y Chile y Colombia llamaron a consultas a los suyos.