El juicio por el crimen de Candela Rodríguez, la nena de 12 años secuestrada y luego asesinada en agosto de 2011, dio un giro inesperado. Según una nota del diario Página/12, una mujer, presunta testigo del hecho, estaba declarando este miércoles en contra de uno de los imputados, Leonardo Jara. Pasaron los minutos y los presentes en la sala notaron que el relato no era consistente, por lo que el presidente del tribunal, Diego Bonanno, la advirtió severamente. En ese momento, la mujer frenó el relato y dijo: "Voy a contar la verdad".
A partir de ese momento empezó a relatar que policías de la Brigada de La Matanza la amenazaron con meter preso a su hermano por un hecho de piratería del asfalto. A cambio de no detenerlo se le exigió a la testigo y al hermano que se prestaran a acusar a alguien, a cualquiera. “Nos tienen que dar un nombre”, fue la exigencia. Ante esa extorsión, la mujer y su hermano proporcionaron el nombre de Jara, al que conocían por haber participado de un asalto.
La declaración produjo una explosión en el juicio porque fue el reconocimiento de que la acusación en el caso Candela fue un armado policial tal vez con el objetivo de tapar lo que siempre se sospechó: que Candela murió en el marco de un enfrentamiento entre bandas de narcos de San Martín protegidos por la Bonaerense.
La testigo contó que después ambos fueron llevados a la fiscalía que investigaba el caso Candela. Allí declaró su hermano e involucró a Jara, pero como estaba con pedido de captura, la declaración se hizo a nombre de ella. La mujer involucró en la maniobra no sólo a policías de la Bonaerense sino también al fiscal Marcelo Tavolaro y a la secretaria Guillermina Rapazzo, que supuestamente estaba presente cuando se hizo el cambio. Tavolaro ya había sido acusado en 2012 de no haber informado quiénes eran los testigos de identidad reservada, a fin de poder controlar las pruebas que aportaban.
El Tribunal Oral Criminal número 3 de Morón encabeza las audiencias desde febrero de este año y los imputados son tres: Jara, Hugo Bermúdez y Fabián Gómez. La hipótesis que se venía tratando de imponer desde el principio era que el secuestro y asesinato de la adolescente era una venganza contra el padre de la niña, Alfredo Rodríguez, preso por piratería del asfalto. La acusación nunca tuvo solidez: los imputados no se conocían, no tenían llamadas entre ellos y no había pruebas reales de amenazas contra Rodríguez, que llevaba un año y medio preso.
El único punto de relevancia en el expediente era una llamada en la que una voz masculina afirmaba: “ahora sí que nunca más vas a encontrar a tu hija. Jamás la vas a encontrar. Te lo aseguro, hasta que esa conchuda devuelva la guita, no la van a ver más. Que le pregunte al marido dónde dejó la guita”. La Gendarmería peritó la cinta: primero dijo que era imposible determinar de quién era la voz y en un segundo peritaje afirmó que se trataba de la voz de Jara. En el juicio, la Policía Federal hizo un tercer peritaje pero no se pudo llegar a ninguna conclusión porque la cinta es de tan solo 11 segundos.
Sea cual fuere la realidad detrás del caso Candela, lo que quedó expuesto es que hubo un armado policial, testigos preparados y extorsionados por oficiales de la Bonaerense para que acusaran a alguno de los imputados. El caso quedó manchado otra vez. Una comisión del Senado Bonaerense ya había denunciado a los jefes policiales y al aparato judicial por gravísimas irregularidades y lo mismo hizo la Corte Suprema bonaerense. Los jueces Raquel Lafourcade, Mariela Moralejo y el mencionado Bonanno decidirán la semana próxima cómo se sigue. Tienen que resolver, por ejemplo, si convocan al hermano de la testigo para que confirme las maniobras que se hicieron o si el juicio se interrumpe ante la evidencia del armado policial.
Fuente: ARG Noticias