El 9 de marzo de 2015 chocaron en el aire dos helicópteros sobre el Valle de Yeso, perteneciente a la localidad de Villa Castelli, a unos 300 km de la capital de la Provincia de La Rioja, Argentina. Como consecuencia del mismo murieron diez personas, de las cuales ocho eran francesas. En esta nota, los detalles sobre los avances en la causa.
Dentro de la causa, se ha solicitado el dictado del auto de procesamiento, un paso previsto en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, con fecha 10 de abril. Ahora la causa está en el Juzgado para resolver esta petición de la Fiscalía y posteriormente se aguarda su elevación a juicio.
“Precisamente se solicitó el procesamiento de seis personas. Respecto a Peter Holber, de nacionalidad sueca, todavía no ha comparecido a la causa a pesar de la orden de captura internacional”, detalló en comunicación con Radio La Red la fiscal federal Virginia Carmona.
“Nosotros no queríamos que todo este trámite diplomático internacional retardara más la causa, y por eso decidimos requerir el procesamiento de las personas con nacionalidad argentina. En definitiva, este es el paso previo a requerir al elevación del caso a juicio”, remarcó.
Entre las seis personas sobre las cuales se pidió el procesamiento, se encuentra quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de Gobierno, Alberto Paredes Urquiza. En total son tres las personas que en ese entonces desempeñaban cargos como funcionarios y hoy se encuentran involucrados en esta causa (Paredes Urquiza, Del Pino y Gorkich), además de tres personas que organizaron el reality aquí en Argentina.
Cada uno cumplió un rol diferente en el entramado que termina ocasionando el deceso de las diez personas. El vector transversal es la omisión de cumplir con los recaudos que requería una actividad de alto riesgo, como lo es la circulación en aeronaves en proximidad, para evitar un resultado dañoso. “Es un estrago culposo a titulo omisivo con resultado de muerte”, explicó la fiscal.
En total cabe recordar que fueron dos las aeronaves involucradas: una del Gobierno de Santiago del Estero, y otra de la provincia de La Rioja. En este sentido, en la causa se incorporó un convenio realizado entre el Ministerio de Turismo con la empresa involucrada en este momento, y se deja entender que la aeronave no solo era para cuestiones sanitarias, sino para lo que requiriese en cuestión estatal, y por ello alegan que eran fines de promoción turística. Esto significa que no estaría en discusión que el Estado provincial haya podido utilizar la aeronave, sino que lo que tiene significación penal es no haber tomado los recaudos necesarios.
De ahora en adelante, se espera la resolución del procesamiento y, a continuación, la elevación a juicio. “Hay suficiente prueba para esto”, afirmó Carmona.
