La finalización del programa nacional Volver al Trabajo (VAT) encendió las alarmas en distintos sectores sociales. En diálogo con La Red, Arnold Díaz, referente de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), advirtió sobre el fuerte impacto que tendrá la medida tanto a nivel nacional como provincial.
El programa, que había sido creado como una reformulación del ex Potenciar Trabajo, cumplió el plazo previsto de dos años, según informó el Ministerio de Capital Humano. La última asignación mensual no remunerativa fue liquidada durante abril, marcando así el cierre definitivo de la iniciativa.
Díaz sostuvo que la decisión del Gobierno nacional implica un recorte masivo: “se ha tomado la decisión de eliminar 900.000 trabajadores en todo el país”, lo que en La Rioja se traduce en cerca de 12.000 personas afectadas, distribuidas entre capital e interior.
Además del impacto social, el dirigente remarcó las consecuencias económicas: “esto va a repercutir en la provincia: mil millones de pesos por mes que van a dejar de ingresar al consumo local”. Según explicó, el ingreso —aunque insuficiente— permitía sostener gastos básicos y dinamizar economías barriales. Cabe reiterar que trabajadores de la economía popular de La Rioja, este martes realizaron una asamblea y movilización a la sede la Libertad Avanza en reclamo a los 12 mil beneficiarios de Volver al Trabajo que el Gobierno nacional dio de baja.
Actualmente, los beneficiarios percibían un monto de 78 mil pesos, cifra que Díaz calificó como “un valor indigno”, pero que aun así cumplía un rol complementario: “nadie llega a fin de mes con eso, pero ayudaba a pagar luz, comprar insumos o sostener pequeños trabajos”.
En este contexto, la UTEP inició un plan de lucha que incluyó movilizaciones, como la realizada frente a la sede de La Libertad Avanza. Allí, según el dirigente, buscaron respuestas oficiales: “esperábamos que algún funcionario nos explique por qué se toma esta decisión cuando representa solo el 0,1% del PBI”. El dirigente desmintió presiones para que las personas a concurrir a la manifestación.
Respecto a las alternativas propuestas por el Gobierno, Díaz fue crítico con el sistema de capacitaciones anunciado: “ese voucher no va a ser pagado, no es remunerado”, y cuestionó su implementación al señalar la falta de información concreta sobre sedes, contenidos y alcance territorial.
El referente también advirtió sobre un posible aumento de la informalidad: “esa gente no vuelve al mercado formal, termina reinventándose en la economía popular”, en un escenario donde, según indicó, más del 50% ya se encuentra en condiciones de informalidad.
Durante las asambleas, los testimonios reflejaron la gravedad de la situación. Díaz relató: “hay días que tengo que elegir si como yo o mi hijo”, en referencia a los relatos de trabajadores afectados.
En cuanto a las próximas medidas, confirmó que continuarán las acciones gremiales y políticas: “no nos vamos a callar ante las injusticias”, afirmó. Además, adelantó que evalúan la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia federal para intentar frenar la medida o conseguir algún tipo de respuesta institucional.
Mientras tanto, el impacto ya comienza a sentirse en los sectores más vulnerables, con una fuerte preocupación por el deterioro del consumo y el aumento de la precarización laboral en la provincia.
