El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) examinó la situación de Argentina y manifestó preocupación por regresiones normativas, institucionales y presupuestarias que afectan la vida de mujeres, niñas y adolescentes. El Equipo Latinoamericano de Género (ELA) elaboró, junto a otras organizaciones, informes sombra que aportaron a la examinación del Comité.
Patricia Sotile, integrante del equipo jurídico de ELA, explicó en Radio La Red que “la CEDAW, el 23 de febrero, sacó sus recomendaciones advirtiendo distintas situaciones que las organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando sobre el desmantelamiento institucional” por parte del gobierno de Javier Milei.
“El Comité lo que hizo fue expresar una preocupación por la disolución del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y por qué se fragmentó el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y recomendó que se restablezca un órgano al alto nivel. Es la primera vez, en 40 años, que Argentina no tiene un organismo específico para el adelanto de la mujer y para reducir las brechas de género”, afirmó Sotile y agregó que “los datos muestran que las principales políticas destinadas a prevenir la violencia de género y promover la igualdad perdieron en el presupuesto de 2026, un 89% en relación con años anteriores”.
También mencionó el desfinanciamiento de la línea 144: “es la línea que recibe denuncias de situaciones de violencia de género que, debido a cambios implementados por la actual gestión de gobierno, perdió la especificidad de violencia de género, aunque sigue recibiendo denuncias la meta oficial bajó a 60.000 asistencias, un tercio de lo atendido en 2023″.
La especialista también comentó que la CEDAW manifestó preocupación por la disolución de los centros de acceso a la justicia, que son dispositivos territoriales que tienen una atención muy variada y recibían muchísimas consultas, denuncias y situaciones de violencia de género. De los 100 centros de acceso a la justicia que había a diciembre de 2023 se redujeron solamente a 30, uno por provincia, y algunos más en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Salud sexual y reproductiva
Otros de los recortes que se advierte en el informe son en materia de salud sexual y reproductiva y en el debilitamiento de las políticas preventivas como la falta de presupuesto para la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), retrocesos en formación obligatoria en género, (Ley Micaela). A esto se suma el impacto regresivo de las reformas laborales.
“En la gestión actual de gobierno se interrumpieron los procesos de compra y no se enviaron más a las provincias insumos para garantizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Se redujo drásticamente la cantidad de métodos anticonceptivos que se envían a las provincias, hubo una gran reducción de preservativos. en un contexto en el que se advierte también un aumento de las infecciones de transmisión sexual. Se desmanteló el plan ENIA, que es el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia que logró reducir, desde 2018 hasta 2021 casi un 50% , en la adolescencia en las provincias en las que se aplicaba”, dijo en su repaso.
- Entre 2018 y 2021, el embarazo adolescente se redujo 50% en los territorios donde se implementaron políticas específicas (INDEC, 2024).
- A pesar de eso su presupuesto para 2026 cayó un 85% respecto del año anterior, menos del 3% de lo invertido en 2023 (ACIJ y ELA, 2026).
Violencias
Explico que las violencias por razones de género representan un problema estructural y “las políticas públicas son necesarias para poder reducirlos, para poder prevenir la violencia”. “En nuestro país, con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que logró jerarquizar las políticas de género a nivel nacional, se empezó a consolidar un gran camino que se estuvo recorriendo durante muchísimos años para implementar políticas para la prevención y es un camino muy largo que se necesita de años de políticas, de presupuesto”, explicó la integrante de ELA.
Lo que vemos ahora es que justamente las mujeres que sufren situación de violencia no tienen a dónde acudir, no hay políticas, no hay mecanismos y el femicidio es la manifestación más extrema de las situaciones de violencia. Por eso es fundamental seguir sosteniendo las políticas públicas, mejorarlas, robustecerlas, tener presupuestos y abordajes que permitan prevenir las situaciones de violencia o evitar que se terminen manifestando en femicidios.
- 1 de cada 2 mujeres que están o han estado en pareja atravesó algún tipo de violencia de género en el ámbito doméstico (Spotlight, 2023).
- El 86% de las mujeres asesinadas tenía vínculo previo con el femicida. El 54% eran parejas, ex o mantenían vínculos sexo-afectivos. (Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, 2025).
Minimizar la problemática
Zotile comentó también que la delegación oficial «defendió una concepción muy formal y muy restrictiva de lo que significa la igualdad, rechazó lo que son las medidas de acción positiva, medidas que se toman para buscar reducir las brechas de las desigualdades de género y cuestionó el enfoque de igualdad sustantiva». «Explícitamente rechazó la perspectiva de género, el concepto de interseccionalidad, argumentó que la convención protege a la mujer y no al género, descalificó las categorías interseccionales y tuvo también un abordaje muy punitivista, minimizó la necesidad de políticas integrales preventivas y con perspectiva interseccional. Así que sí, la posición del gobierno se refleja en todas estas medidas que se fueron tomando y que dan cuenta de este debilitamiento institucional», aseguró.
