La diputada provincial Carla Aliendro, integrante de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, explicó los fundamentos por los cuales se rechazaron los pedidos de juicio político presentados contra magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En declaraciones a Radio La Red La Rioja, sostuvo que las denuncias no cumplieron con los requisitos formales, carecieron de pruebas concretas y se basaron en hechos “vagos e imprecisos”, lo que impedía avanzar institucionalmente.
Aliendro señaló que uno de los puntos centrales del rechazo fue la falta de especificación en las denuncias. “Se habla de hechos de manera vaga, no se identifica claramente a las personas vinculadas ni se detallan las circunstancias”, explicó, y advirtió que aceptar presentaciones de ese tipo “sentaría un precedente peligroso”.
En ese sentido, remarcó que la función de la Sala Acusadora no es revisar sentencias judiciales, sino evaluar la conducta de los magistrados. “Nosotros no hacemos sentencias, lo que analizamos es si la conducta del funcionario se ajusta o no a su función, y para eso se requieren causas graves y pruebas claras”, sostuvo.
La diputada también indicó que, en el marco de las denuncias, se dio la posibilidad a los presentantes de ampliar la información y aportar nuevos elementos, pero que esa instancia no fue aprovechada. “En dos oportunidades se los citó para que comparezcan, amplíen la denuncia y aporten datos, y en ninguna se presentaron”, afirmó, lo que —según dijo— evidenció “una falta de seriedad en el planteo”.
Respecto de los expedientes involucrados, Aliendro precisó que uno de los pedidos apuntaba contra un juez en particular y otro contra la totalidad de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, vinculado a una causa que aún se encuentra en trámite. “Se trata de un expediente que no está cerrado y que todavía puede tener un resultado favorable en instancias superiores, por lo que no corresponde hablar de falta de garantías”, explicó.
Asimismo, rechazó el argumento de que los denunciantes no contaran con vías de defensa. “Las garantías están dadas en tanto los procesos siguen abiertos y existen instancias de apelación. Además, se citó a los denunciantes y a representantes de asociaciones para que aporten pruebas, algo que no ocurrió”, señaló.
Aceptación de renuncias de exjuezas
Aliendro también se refirió a la reciente sesión legislativa en la que se aceptaron renuncias de juezas con procesos abiertos, en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de funciones (denuncias admitidas por ese organismo) y aclaró su posición personal. “En mi caso particular, no acepté la renuncia de la jueza Loureiro. No lo hice a voz alzada, pero no la acompañé”, señaló. Explicó que incluso solicitó el registro audiovisual de la sesión “para poder dar cuenta de eso”, en un contexto que calificó como “muy sensible” para su comunidad.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados aceptó las renuncias presentadas por las ahora exjuezas de instrucción de Chamical, Adriana Lourerio, y de Chilecito, Virginia Illanes Bordón. Ambas, eran investigadas por el Consejo de la Magistratura. Al aceptar las renuncias, esa investigación quedó sin efecto, es decir, que finaliza sin saber si las denuncias tenían evidencias concretas que demostraran la acusación por mal desempeño de funciones.
“Opté por no votarla porque conozco perfectamente lo delicado de esta situación en Chamical. Son temas de mucha resonancia y que siguen siendo motivo de controversia en nuestra comunidad”, afirmó la legisladora, quien aclaró además que no recuerda con precisión cómo votaron otros diputados del departamento, pero insistió: “Quiero dejar en claro que, en mi caso, no acompañé”.
