La lucha de los vecinos tiene un objetivo claro, no permitir el avance de otra minera en la región. “Agua Rica”, operada por la empresa canadiense Yamana Gold, a 17 km de Andalgalá, llegó en 2006. Después de 15 años de activismo ambiental, el grupo de abogados que representa a los residentes obtuvo una orden judicial que frena el trabajo en la minera. Pero la medida fue ignorada por la empresa, que sigue con las excavaciones respaldada por el gobierno provincial.
“Agua Rica” planea usar dos ríos que son fuente para el consumo humano y la agricultura. Las exploraciones de la minera ya están en marcha. El 22 de diciembre del 2020 la Corte de la Provincia de Catamarca falló a favor de la minera y dictó la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal que prohibía esa actividad en Andalgalá.
Apenas terminó la feria judicial, los abogados representantes del pueblo presentaron un recurso para que la Corte Suprema vuelva a analzar el caso. Recuerdan: “el Estado tiene la obligación civil de no matar”.
Sobre esto, la referente de la Asamblea y activista, Rosa Farías explicó que durante la pandemia incrementó la actividad extractivista en Agua Rica, a pesar de que existen resoluciones del Ministerio de Minería, fallos judiciales y amparos que prohíben la minería en esos parajes.
“La empresa minera Agua Rica está violando dos resoluciones dictadas por la Secretaria de Minería (actual Ministerio de Minería) en el año 2009: las número 208 y 209, en las cuales se manifiesta la prohibición del tránsito minero en los caminos de el Portero y Choya”, sostuvo La Mañana de La Red.
Por otro lado, desde denuncian que también se viola una medida cautelar dictada por el juez Rodolfo Cecenarro luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que marcha en igual sintonía, y la ley general de Ambiente (25.675).
“Nos encontramos al costado de ambos caminos y protestamos de manera pacífica por nuestros derechos. El Estado nos tiene que escuchar, no podemos luchar solos contra el monstruo gigante de la megaminería que solo trae beneficios económicos a un grupo minúsculo en detrimento de las condiciones de vida de miles y miles de catamarqueños”, señaló Farías.
Por otro lado, la ambientalista denunció que constantemente reciben la visita de policías, que intentan amedrentarlos para que levanten las protestas. “Primero vienen en términos de paz y buen trato, buscando identificar a quienes defendemos la vida y el futuro de nuestro pueblo, para luego empezar a intimidar con la estrategia de requerir los datos personales y averiguaciones”, agregó.
“Ya que vemos la ausencia del Estado en relación a la defensa del agua y del medioambiente en todos sus niveles (nacional, provincial, departamental) hemos decidido autoconvocarnos para hacer respetar nuestros derechos como andalgalenses y proteger el ambiente que nos desarrollamos día a día”, sentenció.