La auditoría se enfocará particularmente en La Rioja y otras provincias del noroeste como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, y Salta. Estas jurisdicciones han sido identificadas como «zonas calientes» debido al elevado número de pensiones otorgadas en proporción con el tamaño de su población.
El Gobierno Nacional anunció que auditará 1,2 millones de pensiones por invalidez laboral tras identificar un fraude masivo que involucra desvíos de fondos por unos 3.400 millones de dólares en 2023.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó que muchas de estas pensiones fueron otorgadas a personas que no presentaban problemas de salud, con casos extremos como la inclusión de radiografías de perros en los expedientes médicos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en conferencia de prensa que la cifra de beneficiarios de pensiones por invalidez alcanzó 1.222.000 a fines de 2023, un número que calificó de «estratosférico» y que no corresponde ni siquiera a un país que haya enfrentado guerras o desastres naturales. A partir de agosto, el Gobierno revisará cada una de estas pensiones con criterios médicos y socioeconómicos, y se denunciarán penalmente los casos fraudulentos.
En La Rioja, la Andis encontró múltiples irregularidades, con personas que recibían pensiones sin tener ninguna discapacidad o problema de salud. En algunos casos, los beneficiarios poseían bienes de alto valor, como automóviles y propiedades, y estaban en condiciones de trabajar, lo que evidencia un uso fraudulento del sistema de pensiones.
Una auditoría médica sobre una muestra de 2.559 casos reveló que solo el 7% de los beneficiarios cumplía con los requisitos de invalidez. En el resto de los casos, no se cumplían los requisitos mínimos para acceder a la pensión. Se encontraron expedientes con radiografías de perros y certificados médicos falsificados para justificar el otorgamiento de pensiones.
Además, se detectó que las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos en gestiones anteriores. Un circuito exprés permitía obtener una pensión en solo dos meses, mientras que el proceso regular demoraba entre uno y dos años.
Impacto y Medidas Futuras
El Gobierno estima que entre el 30% y 40% del padrón de beneficiarios incluye pensiones mal concedidas. En La Rioja y las demás provincias auditadas, se procederá a anular las pensiones fraudulentas y a denunciar penalmente a los responsables.
En paralelo, se revisarán las prestaciones del programa Incluir Salud, que cubre a los beneficiarios de estas pensiones, debido a posibles usos indebidos y facturaciones falsas. Esta auditoría es parte de una iniciativa más amplia para asegurar la transparencia y la correcta asignación de recursos en los programas de asistencia social del país.
La investigación ha revelado un sistema altamente vulnerable al fraude, que deberá ser reformado para garantizar que las pensiones por invalidez se otorguen únicamente a quienes realmente las necesitan.
Fuentes: Ámbito y Página 12
