El auditor titular, Dr. Joaquín Pistone, y el auditor adjunto, Dr. Enrique Sosa, presentaron un informe preliminar en el aseguran que existen «irregularidades administrativas y presupuestarias de gran magnitud» en la gestión del exrector Daniel Quiroga, Las actuales autoridades universitarias, encabezadas por la rectora Natalia Álbarez Gómez y el vicerrector Luis Oviedo, han iniciado un proceso de auditoría general de corte de gestión para esclarecer estos hechos y tomar las medidas necesarias para rectificar la situación.
Según ese informe que fue presentado en conferencia de prensa se detectaron irregularidades en:
– Pagos de adicionales sin financiamiento, que habrían generado una pérdida de aproximadamente $34.160.010,24.
– Pagos de sumas millonarias en concepto de adicionales sin adecuación presupuestaria.
– Un caso de un agente no docente con licencia gremial desde 2014, que habría percibido aproximadamente $2 millones mensuales.
– Nombramientos de docentes investigadores sin reunir las condiciones necesarias por reglamento.
– Convocatorias a proyectos de investigación sin financiamiento.
– Ejecución de garantías salariales para categorías 6 y 7 que habrían dejado un déficit de casi $60 millones.
– Redacción de resoluciones rectorales mellizas, que habrían permitido a un grupo selecto de personas obtener categorías en áreas inexistentes.
También se informó sobre un daño patrimonial en el parque automotor, con un monto adjudicado y recaudado de $18.685.000, y un precio de mercado de $64.000.000. Entre los hallazgos más significativos se encuentra: – Un déficit total acumulado de $2.252.228.593,05, entre en los años 2023 y 2024.
Asimismo, se detectó incumplimiento en la registración de bienes patrimoniales de la UNLaR. Ante la consulta sobre posibles responsables, Pistone sostuvo que «los nombres de los involucrados serán comunicados por los canales administrativos correspondientes y no en una conferencia de prensa».
El auditor adelantó que han recomendado a la rectora Natalia Álvarez Gómez la instrucción de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y evaluar la posibilidad de presentar denuncias penales. «Si de la investigación sumaria surgen elementos suficientes, se deberá avanzar en el ámbito judicial», concluyó Pistone.
