La vicepresidenta segunda de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional y exintendenta de la Capital de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, cuestionó la reciente designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, realizada por decreto por el presidente Javier Milei.
Brizuela y Doria afirmó que la decisión es «a todas luces inconstitucional» y «atenta contra el Estado de Derecho». Según explicó, si bien el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional permite al Poder Ejecutivo cubrir vacantes en comisión durante el receso del Senado, esa facultad se aplica únicamente a embajadores y jefes militares, y no a los jueces de la Corte Suprema. «Los jueces no son empleados del Poder Ejecutivo, sino titulares de uno de los poderes del Estado», remarcó en Radio La Red La Rioja.
La dirigente radical sostuvo que, tras la reforma constitucional de 1994, se establecieron procedimientos específicos para la designación de jueces, que incluyen la intervención del Senado y, en el caso de los jueces inferiores, el Consejo de la Magistratura. En este sentido, rechazó cualquier interpretación del artículo constitucional que permita al presidente designar jueces de la Corte sin acuerdo del Senado.
Asimismo, Brizuela y Doria desestimó el argumento del oficialismo sobre la urgencia de la medida, al señalar que la Corte Suprema sigue funcionando con sus tres miembros actuales. «No hay ninguna situación de gravedad institucional que justifique este accionar», enfatizó.
Por otro lado, la referente radical denunció que la designación de Lijo y García-Mansilla no respeta la paridad de género en la composición del máximo tribunal, algo que, según indicó, el Estado argentino está obligado a garantizar por normativas nacionales e internacionales.
La representante de la UCR, cuestionó la postulación de Ariel Lijo, a quien calificó como «el principal exponente de la peor casta judicial», recordando que el magistrado enfrenta más de 30 denuncias ante el Consejo de la Magistratura.
«Se decía que venían a luchar contra la casta y a terminar con las malas prácticas de la política, pero lo que están haciendo es un avance autoritario que pone en riesgo la República y la división de poderes», concluyó
