
El abogado David Calipo, quien presentó un pedido de juicio político contra la jueza de Chilecito, María Cristina Illanes, expresó su frustración por la falta de avances en un proceso que involucra serias acusaciones de irregularidades y corrupción dentro del juzgado a su cargo. En una entrevista con Radio La Red La Rioja, Calipo ofreció una mirada crítica sobre la situación judicial en torno a este caso.
«El juicio no avanza. Nos ha agarrado primero la feria judicial de mitad de año, y ahora estamos en la feria de fin de año. Y la verdad, creo que el año que viene nos va a agarrar con otra excusa, como una nueva pandemia o cualquier otra cosa», señaló Calipo. Según el abogado, el caso ha sido objeto de constantes dilaciones y postergaciones, lo que ha generado desconfianza en los ciudadanos y en quienes esperan justicia.
Calipo explicó que a pesar de los extensos elementos probatorios reunidos durante años, el sistema judicial no ha tomado ninguna medida concreta en relación a la jueza Illanes. «La magistrada sigue cobrando su sueldo íntegro, incluso estando de licencia y sin cumplir ninguna función. Mientras tanto, se designó a un magistrado judicial en Chilecito para tratar de sanear la emergencia judicial que estábamos atravesando, una medida que considero acertada, pero que en este caso no resuelve el fondo del problema», afirmó el abogado.
El abogado también enfatizó el cúmulo de pruebas que pesan en contra de la jueza Illanes. «Lo que tenemos es sorpresivo y llamativo. No hace falta ser un experto en derecho para darse cuenta de que la situación es irregular. Ya con que se te pierda un expediente varias veces y que haya personas dispuestas a declarar que entregaron dinero en mano a la magistrada, no debería haber dudas de la gravedad de la situación», apuntó Calipo.
En este contexto, el abogado se mostró escéptico sobre la posibilidad de que se tome una decisión firme en el caso. «Es difícil de entender. La situación ha pasado por tantas manos, por tantas modificaciones en la estructura judicial, que ya no espero que se haga nada. Han tenido varias oportunidades para tomar una decisión que restablezca la confianza en la justicia, pero no lo han hecho. Y si me preguntás como abogado, yo espero que se haga, pero como ciudadano, estoy totalmente descreído», confesó.
Calipo también recordó las presiones y complicaciones que enfrentó al presentar la denuncia, especialmente considerando que se trataba de una de las figuras más importantes de la comunidad de Chilecito. «Sabíamos que estábamos denunciando a una persona de mucho poder. Durante años hemos trabajado en reunir la información necesaria para que no hubiera dudas de las irregularidades en su juzgado, pero al final, parece que todo lo que hemos hecho no sirve para nada», señaló, con evidente pesar.
El abogado no dejó de recalcar la disparidad entre cómo se tratan los casos de figuras poderosas y cómo se aplica la justicia a personas humildes. «Hoy confirmamos tristemente que los servicios penitenciarios y las alcaldías están llenos de gente humilde, de gente pobre. La justicia mide con varas diferentes», lamentó. «Si no pasa nada con una denuncia tan grave como la que hay en este caso, estamos dando un mensaje claro de que no hay consecuencias para aquellos con poder».
En relación con la causa penal vinculada a la jueza Illanes, Calipo subrayó la falta de avance procesal. «Ayer nos notificaron que nos rechazaron una nulidad que habíamos planteado, pero no avanza. No se está tomando ninguna decisión significativa, y el proceso debería haber sido diferente, ya que hablamos de un magistrado que goza de fueros. El juez de instrucción tenía la posibilidad de tomar otro tipo de medidas», explicó el abogado.
Además, al ser consultado sobre la situación del sobrino de la magistrada, quien solicitó prisión domiciliaria, Calipo se mostró incrédulo. «Si la razón para otorgar prisión domiciliaria es el consumo, entonces prácticamente nadie debería estar en prisión. El 95% de las personas alojadas están allí por este flagelo. Si no se ha trabajado este expediente de manera seria, y si se trabaja para otorgar la domiciliaria, estaríamos hablando de una situación absolutamente irregular», puntualizó.