La fiscal Federal, Virginia Miguel Carmona, informó que la causa en la que se investiga el manejo de fondos públicos por parte de algunas ONG de la provincia ya cuenta con 15 cuerpos, y agregó: “El último decreto que he dictado he solicitado alrededor de 15 medidas que están respondiendo todos los organismos provinciales y nacionales para recabar información que me permita tener un cuadro que más fehaciente sobre qué es lo que aconteció con la obra pública en La Rioja”.
A su vez, la funcionaria judicial no brindó detalles ni nombres que consten en el expediente, y remarcó: “En este tema soy muy precavida, recién hablo cuando tengo un paso procesal concreto en la causa, esto por respeto al debido proceso, que es una garantía constitucional y por los supuestos imputados”.
“Lo que sí, me parece importante resaltar es que se sepa que en la causa hay muchísimos elementos de prueba, que estamos recabando muchos más, y que esto nos va a permitir tener una plataforma fáctica más concreta teniendo en cuenta que ya hay una nulidad declarada en la causa”.
En ese sentido, Miguel Carmona insistió: “A los fines de evitar cualquier tipo de decisiones dentro de la causa que hacen al correcto proceso penal se han recabado muchas pruebas y así seguimos para poder tomar una decisión al respecto”.
“Faltan bastantes medidas que también estamos ordenando, en definitiva de lo que se trata es buscar prueba documental que acredite que fue lo que pasó, cuentas bancarias, los contratos y los convenios, en este sentido el registro de la propiedad inmueble, Registro de la Propiedad Automotor, la Dirección de Inspección Personería Jurídica, el Ministerio del Interior a cargo de Frigerio”, detalló la Fiscal Federal, y apuntó: “A su vez estamos solicitando la ayuda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría General de la Nación”.
Por su parte, Miguel Carmona insistió: “Esto a los fines de tener una plataforma sólida que nos permita avanzar sin incurrir en ningún tipo de nulidad. Quiero ir con garantías concretas y respetando las garantías constitucionales”, y precisó: “No voy a adelantar mi opinión sobre esto porque yo me tengo que expresar en la causa con un dictamen”.
“El código procesal penal el proceso es público para las partes, pero privado para terceros. tratando de compatibilizar el principio de acceso a la información y el principio republicano de gobierno y la publicidad de los casos del gobierno es que tengo que ser prudente a la hora de recabar información”, afirmó la funcionaria judicial.
Asimismo, y ante la consulta sobre posibles nexos provinciales con funcionarios nacionales investigados y procesados por fraude en la obra pública, la Fiscal Federal manifestó: “Yo en este momento no tengo ninguna denuncia por algún empresario”, y aclaró: “La causa de Catamarca es iniciada de oficio pero hay dos empresarios y uno se ha constituido en querellante, que pretendieron cobrarle un plus para hacer una obra pública, había un empresario que la denunciaba, lo que aporta mayores pruebas. En un proceso penal la justicia avanza en virtud de las pruebas”.