El abogado Sergio Gómez anunció que la Fiscalía de Chilecito decidió tomar la denuncia que presentaron semanas atrás por la falsificación de certificados médicos que beneficiaron a un imputado acusado de un delito grave como intento de femicidio, y a dos abogados por estafa procesal. Recordó que “en pleno enero, en feria judicial, La defensa le pide al juez Jalil que era subrogante que deje ir a Argañaraz que era el imputado al consultorio privado del doctor Cobos. Un médico contratado y pagado por la defensa. El doctor en esa misma consulta, logró detectar que el Argañaraz tenía ansiedad, depresión gastritis y que no podía mantenerse de pie y solicita la prisión domiciliaria. Con ese papel el Juez le da la domiciliaria”, sumó.
“En Chilecito hemos decidido ir a fondo en una causa en la que advertimos una irregularidad en la concesión de certificados médicos dudosos que beneficiaron a un imputado por un delito muy grave ante un delito de tentativa de femicidio y privación ilegítima de la libertad”, explicó el abogado en declaraciones periodísticos.
“Hemos presentado una denuncia formal contra el médico Cobos y la fiscalía recibió la denuncia y decidió imputar formalmente e iniciar acción penal contra el médico. La Fiscalía decidió imputar al médico y a dos abogados de Chilecito”, expresó y menciono que se trata de “Rafael Ocampo y a su hija Valeria Ocampo”. “Los delitos por lo que son acusados es por la falsificación ideológica por el certificado truchos y estafa procesal a los abogados que tiene una pena que oscila entre un año y seis años de prisión”, dijo.
Al respecto el letrado aseguró que “trabajan incansablemente para no solo tratar de llevar justicia a Chilecito sino también para enviar un contundente mensaje de que la verdad, la integridad y la honestidad deben prevalecer siempre por el fraude”.
Según el fiscal, la medida que benefició al imputado se habría efectuado por la presentación de un “certificado médico falaz, el cual confirmaba enfermedades que el imputado no padecía”. Es decir, los abogados habrían utilizado dicho certificado médico de manera engañosa, para que el juez de feria “resolviera la prisión domiciliaria, a favor de su defendido”.
En este marco, el fiscal explicó que el beneficio “irregular” de la prisión domiciliaria, la cual ya fue revocada, “perjudicó deliberadamente a la víctima de Femicidio en grado de tentativa, porque el imputado estuvo alojado en un domicilio ubicado a cinco cuadras de de la víctima, sin custodia policial permanente. Lo cual, afectó la integridad psicológica de la damnificada, provocó perjuicios en su salud y gastos económicos”.
De esta manera, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez la instrucción penal para que se procese al médico de por el delito de “Falsedad Ideológica de Certificado Médico” (Art. 295 del C. P. A) y a los dos abogados, por el delito “Estafa Procesal, en calidad de coautores” (Art. 172 y 45 del C. P.A).
