La denuncia fue presentada por el abogado Sergio Gómez. Uno de los imputados, Rafael Ocampo, se defendió en diálogo con La Red y habló de «persecución judicial».
En un caso que sacude a la justicia de Chilecito, el abogado Sergio Gómez informó que la Fiscalía local decidió avanzar con la imputación penal contra un médico y dos abogados, tras una denuncia por presunta falsificación de certificados médicos y estafa procesal en el marco de una causa por tentativa de femicidio y privación ilegítima de la libertad.
Gómez detalló que los hechos se remontan a enero pasado, en plena feria judicial, cuando el juez subrogante Jalil autorizó que el imputado Argañaraz —acusado de un delito grave— fuera atendido en el consultorio privado del doctor Cobos, un profesional contratado y pagado por la defensa. “El doctor, en esa única consulta, detectó ansiedad, depresión, gastritis e incluso afirmó que el imputado no podía mantenerse de pie. Con ese certificado, se solicitó y obtuvo la prisión domiciliaria”, señaló Gómez.
Según explicó el abogado denunciante, esta maniobra generó sospechas: “En Chilecito hemos decidido ir a fondo en una causa en la que advertimos una irregularidad grave. Se trata de certificados médicos dudosos que beneficiaron a un imputado por un delito muy serio”, sostuvo.
Como resultado de la denuncia, la Fiscalía decidió imputar formalmente al médico Cobos, y también a los abogados Rafael Ocampo y su hija Valeria Ocampo. “Los delitos por los que son acusados son falsificación ideológica de documento público y estafa procesal, con penas que pueden llegar hasta los seis años de prisión”, afirmó Gómez.
Consultado por Radio La Red, el abogado Rafael Ocampo rechazó categóricamente las acusaciones y apuntó contra el fiscal de la causa, asegurando que se trata de una “persecución” en su contra y en contra de su defendido. “Jamás en la vida he adulterado o falsificado ningún instrumento público o privado, y menos un certificado médico, porque ni siquiera soy médico”, declaró.
Ocampo se mostró sorprendido por haberse enterado de la imputación a través de los medios, cuando —según dijo— ni él ni su clientela fueron notificados formalmente. “El denunciante no tiene por qué saber el avance de la causa, mucho menos difundirlo. Esto es una barbarie jurídica”, afirmó.
En su defensa, Ocampo también explicó que no participó de la consulta médica que derivó en el certificado cuestionado. “Cuando llegué al consultorio, el policía que acompañaba a Argañaraz me impidió el ingreso. El certificado fue entregado directamente al oficial. No hay forma de que yo lo haya manipulado”, relató.
Asimismo, cuestionó la evolución de la causa contra su defendido. “Pasamos de una carátula de lesiones leves a tentativa de homicidio con el mismo hecho. No hay antecedentes de lesiones graves en la víctima ni elementos objetivos que sostengan una acusación de semejante gravedad”, sostuvo.
Finalmente, Ocampo adelantó que tomará acciones legales para defenderse. “No voy a permitir esta persecución. Voy a atacar con todo lo que esté dentro del marco de la ley. No he cometido ningún delito”, concluyó.
