La decisión del Colegio Médico de La Rioja de aplicar un coseguro de $17.000 a las consultas médicas de afiliados a APOS generó un fuerte cruce entre la institución y la obra social provincial. Según argumentaron desde el Colegio, la medida fue tomada tras meses de reclamos por demoras en los pagos y porque el valor que abona APOS —$9.000 por consulta— está por debajo del “honorario ético mínimo” de $26.000 establecido por el Consejo de Médicos.
“La situación se volvió insostenible”, expresaron en un comunicado, señalando que APOS aún adeuda prestaciones de abril y mayo y que ya se agotaron “todas las instancias de reclamo”. El objetivo del coseguro, aseguran, es cubrir la diferencia entre lo que paga la obra social y el valor justo por consulta.
Desde APOS, la respuesta no tardó en llegar. En diálogo con Radio La Red, la administradora del organismo, Claudia Ortiz, fue categórica: “La medida es inconsulta, unilateral y carece de total legitimidad. Esto va a tener sus consecuencias”, aseguró.
Ortiz desmintió que haya un corte en la cadena de pagos: “La semana pasada se habilitaron los pagos de abril y ya se abonó todo el primer nivel de atención. La titular del Colegio Médico sabe perfectamente que están cobrando. De hecho, el expediente de su entidad es por más de 200 millones de pesos y ayer mismo se completaron esos pagos”.
“Nunca se presentó un planteo formal. No hay ninguna denuncia del convenio vigente. Tomaron una decisión arbitraria sin siquiera notificar a la obra social. Además, involucraron a colegios médicos del interior que son autónomos. No pueden manejarse de esta manera”.
Sobre el valor del coseguro, Ortiz fue clara: “El único coseguro autorizado por APOS es de $7.000. Todo monto adicional se considera plus, lo cual está expresamente prohibido y será sancionado. Hay un circuito formal de control y validación mediante token, y los afiliados pueden denunciar estos cobros indebidos”.
Además, la administradora puso en tela de juicio el rol de los intermediarios, y anunció que la obra social avanzará hacia acuerdos directos con los profesionales de la salud, eliminando a los entes facturadores como el Colegio Médico: “Ellos retienen entre el 12% y el 15% de lo que nosotros pagamos a los médicos. APOS, por ley, solo retiene un 3% por gastos administrativos. Ya estamos trabajando con muchos profesionales que decidieron facturar directamente, como los neurocirujanos”.
Consultada sobre si esta situación puede afectar la atención de los afiliados, Ortiz afirmó que no se permitirá que los médicos se beneficien de la obra social si no trabajan bajo convenio: “Si un médico decide trabajar en forma particular, no puede usar los beneficios de APOS —como recetas electrónicas o prácticas cubiertas— para sus pacientes. Si lo hace, está incurriendo en una irregularidad”.
“Hay una vía formal para todo. Lo que se ha hecho no solo carece de legitimidad. Vamos a seguir defendiendo los derechos de los afiliados y garantizando que no se cobren sumas indebidas”.
