El conflicto data desde hace varios años, pero se activó hace algunos días cuando integrantes de comunidades rurales del departamento Independencia pretendieron liberar zonas que estaban cerradas o perimetradas. La situación creció en tensión e inclusive tuvo que intervenir la Policía local para evitar que el problema avance.
Ante La Red, Roberto Claro, productor de la zona y propietario de las tierras en disputa, dijo que los compradores no tienen ni siquiera posesión en las hectáreas que demandan como propias, aunque puedan presentar como evidencias boletas de compra y venta. En este sentido, indicó que se hicieron las presentaciones correspondientes en la Justicia y que están a la espera de una respuesta.
Según el productor, los problemas por las miles de hectáreas que están en disputa data desde hace varios años, pero todo se agudizó cuando comenzó a cercarse las zonas de pastoreo de los animales como así también los lugares donde pueden beber agua.
En comunicado que enviaron a los medios, “las comunidades de los campos comuneros en la zona oeste del departamento Independencia” indicaron que “durante los últimos cinco años, hemos sido víctimas de constantes atropellos y violaciones a las medidas de no innovar dictadas por el juez, perpetrados por usurpadores”.
“La situación ha alcanzado un punto crítico con la llegada de patoteros traídos, por estos, desde Valle Fértil, San Juan. Nuestras comunidades han sufrido agresiones y amenazas y policía se ha visto obligada a pedir refuerzos. Más de 100 familias están siendo afectadas por esta situación insostenible, caracterizada por la falta de agua y la mortandad de animales, por culpa de los cerramientos con alambres por parte de los usurpadores”, indicaron en el comunicado.
“Exigimos que el juez Héctor Barría dicte una orden de desalojo urgente para los empresarios de la provincia de San Juan: Miguel Mercado, Dante Arostica, la sociedad de Diego Collado y los hermanos Gómez, Eduardo Elizondo y el concejal del Departamento Independencia, Luis Albornoz. Estos individuos han usurpado y alambrado los campos comunitarios, poniendo en peligro el arraigo y la permanencia de nuestras familias en el territorio”, expresaron.
Si el desalojo no se ordena por parte del juez Barría, los vecinos productores sostienen que “nos veremos obligados a ejercer nuestro derecho y sacaremos los alambrados de nuestros territorios ancestrales. Dejamos en claro que cualquier riesgo para la integridad física de los miembros de nuestra comunidad recaerá en la responsabilidad del juez Héctor Barría y del Ministro de Tierras de la Provincia de La Rioja, Ariel Puy Soria”. .
Para el grupo de vecinos, las ventas de los terrenos han sido “fraudulentas, en particular a la señora Natalia Soledad Pavón, de Chilecito, quien se ha enriquecido a expensas de poner en peligro la subsistencia de más de 100 familias”.
