El conflicto en la fábrica textil Victoria Outdoor sumó un nuevo capítulo. El abogado querellante de los empleados, Gerardo Leguizamón León, aseguró que los 31 trabajadores que permanecen en la planta “no están cometiendo ningún delito” y que lo único que hacen es “ejercer un derecho constitucional amparado por el artículo 14 bis: el derecho a huelga”.
La semana pasada, los empleados iniciaron una protesta en reclamo por varios meses de sueldos adeudados y la falta de registración laboral. Según Leguizamón León, todos ingresaron a la empresa en lo que va de 2025, bajo promesas de integración a una cooperativa que nunca existió y sin firma de contrato alguno. “Se encuentran trabajando de manera clandestina, sin registración bajo la Ley de Contrato de Trabajo ni bajo ningún régimen cooperativo. La empleadora es una sola persona, propietaria de las maquinarias, que los contrató verbalmente”, indicó.
El letrado explicó que los salarios pactados incluían una suma fija mensual y un plus por producción, con promesas de entre 500 y 600 mil pesos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se cumplieron, y algunos empleados recibieron pagos parciales o montos “paupérrimos”. “El promedio salarial de convenio en la zona ronda los 750 mil pesos, por lo que están muy por debajo de lo que corresponde por ley”, denunció.
Acusaciones de usurpación y desmentida
En los últimos días circularon versiones que acusaban a los trabajadores de “usurpar” la fábrica y dañar la maquinaria. Leguizamón León negó rotundamente esas afirmaciones: “No hay toma ni violación de domicilio. La policía ya ingresó, hizo inventario y tomó fotografías, constatando que todo está en perfectas condiciones. Lo único que hay es un reclamo legítimo por salarios y condiciones laborales dignas”.
El abogado también rechazó cualquier intento de criminalizar la protesta y repudió actos de provocación. Según relató, la patronal contrató una empresa de seguridad privada que en los últimos días se apostó frente a la planta. “Los trabajadores siguen en sus puestos, a disposición para trabajar, pero exigen que se los registre, se les paguen los sueldos atrasados y se continúe abonando conforme marca la ley. Nada más y nada menos”, concluyó.
