La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) atraviesa una compleja situación administrativa y presupuestaria, según revelaron las actuales autoridades en un informe preliminar presentado por el auditor titular, Joaquín Pistone, y el auditor adjunto, Enrique Sosa.
«Queremos señalar que, entre otras irregularidades, se ha advertido un déficit de más de 55 millones de pesos en la liquidación de la garantía salarial implementada por Nación para las categorías 6 y 7», explicó Pistone. Según detalló, los fondos fueron enviados por Nación en base a datos registrados en mayo de 2024, pero la universidad habría incluido a más de 70 personas que no estaban contempladas en esa nómina, generando el desfasaje económico.
El informe también reveló la existencia de resoluciones rectorales adulteradas. «Hay resoluciones gemelas, con el mismo número y fecha, pero con contenido diferente, lo que permitió el pago indebido de suplementos a ciertos agentes», denunció Pistone. Estos pagos irregulares habrían ocurrido entre julio y diciembre de 2024, generando un nuevo perjuicio económico para la universidad.
Asimismo, se detectó incumplimiento en la registración de bienes patrimoniales de la UNLaR. Ante la consulta sobre posibles responsables, Pistone sostuvo que «los nombres de los involucrados serán comunicados por los canales administrativos correspondientes y no en una conferencia de prensa».
El auditor adelantó que han recomendado a la rectora Natalia Álvarez Gómez la instrucción de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y evaluar la posibilidad de presentar denuncias penales. «Si de la investigación sumaria surgen elementos suficientes, se deberá avanzar en el ámbito judicial», concluyó Pistone.
