La titular del Ministerio Público de la Defensa, Azucena Sánchez fue denunciada penalmente por el delito de usurpación de autoridad y para lograr que la causa avance las denunciantes pidieron también el desafuero de la funcionaria.
La presentación judicial la hicieron este martes dos trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa quienes acusaron a Sánchez de no estar legalmente designada para ese cargo.
Karina Cabral, abogada de las denunciantes, habló con La Mañana de La Red y brindó detalles de la denuncia penal y del pedido de desafuero. "Presentamos una denuncia penal en Fiscalía contra Azucena Sánchez por usurpación de autoridad, ya que ejerce funciones públicas sin el nombramiento expedido por la autoridad competente para el cargo que está detentando", precisó la letrada.
Cabral detalló luego cómo se produjo la irregularidad. "El cargo de ella (Sánchez) que es el de Defensora General debió haberse degisnado mediante la Cámara de Diputados a propuesta del Gobernador. Esto es lo que exige la Constitución de la Provincia en el articulo 146. Azucena Sánchez era asesora de menores y en el año 2015 cuando el doctor Santiago Ríos -que era el Defensor General designado constitucionalmente fallece- ella asume como subrogante en calidad de Defensora General y hasta el día de la fecha está detentando ese cargo sin la designación correspondiente", sostuvo.
La abogada agregó que la denuncia penal fue acompañada, como prueba fehaciente, por un informe elevado por la Legislatura provincial, en el que se sostiene que no hay ningún acto administrativo que haya designado en el cargo a Sánchez.
"El secretario legislativo, Juan Manuel Ártico, nos informó de que en esa Cámara de Diputados no obra ningún acto administrativo ni legislativo emanado de ese cuerpo para que en el ámbito de su competencia la hayan designado. Es decir, nos confirman de que la doctora Azucena Sánchez en el cargo de Defensora General no ha sido designada conforme lo establece la Constitución Provincial y por eso acompañamos esta prueba porque la Cámara de Diputados es el órgano competente y es el que nos informa que no se la ha designado", remarcó.
Cabral explicó luego que se pide el desafuero de la funcionaria porque los jueces y fiscales gozan de inmunidad y mientras estén en el cargo no se les puede iniciar causas penales. "Por eso pedimos que el Fiscal y el juez a cargo en esta causa -a partir de esta denuncia- le informen a la Cámara de Diputados y le pidan que se allane el fuero de la doctora Sánchez, suspendiéndola en sus funciones y que se la aparte del cargo para que ella quede a disposición del juez competente", precisó.
En este mismo sentido, Cabral sostuvo que el juez, "una vez que asuma la competencia de esta causa, debe pedir este desafuero a la Cámara de Diputados para que la doctora Sánchez se someta como una ciudadana más a la competencia de los jueces".
Hay que recordar que sobre Sánchez ya pesan otras denuncias por amenazas, malos tratos y persecución laboral.