Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) denunció que migrantes venezolanos enviados desde Estados Unidos a El Salvador fueron víctimas de torturas, violencia sexual y otros tratos inhumanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las cárceles más grandes y controvertidas del mundo.
De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron tras un acuerdo entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par salvadoreño Nayib Bukele, mediante el cual 252 venezolanos fueron trasladados al CECOT entre marzo y comienzos de abril. Según la administración estadounidense, los migrantes fueron acusados de tener vínculos con el Tren de Aragua, grupo que Washington designó oficialmente como organización terrorista.
El documento de HRW, titulado “Llegaron al infierno”, describe violaciones sistemáticas de derechos humanos dentro del penal de máxima seguridad, inaugurado por Bukele en 2023 como parte de su política de “mano dura” contra las pandillas.
“Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino violaciones sistemáticas de derechos humanos”, advirtió HRW en su informe.
Entre los abusos documentados se mencionan golpizas, privación prolongada de alimentos y agua, aislamiento extremo y agresiones sexuales. Varios de los migrantes, según testimonios recogidos por las ONG, no tenían antecedentes penales y fueron detenidos durante operativos masivos de control migratorio en la frontera sur de Estados Unidos.
Críticas a la política migratoria y a Bukele
La publicación del informe generó fuertes críticas internacionales hacia la gestión carcelaria de Bukele, quien ha sido cuestionado por mantener a más de 80.000 personas detenidas sin juicio en el marco de su guerra contra las pandillas.
En paralelo, el gobierno de Trump fue señalado por externalizar el control migratorio, al trasladar a migrantes a un país donde existen “altos riesgos de abusos y falta de garantías judiciales”, según denunciaron HRW y la organización centroamericana Cristosal, coautora del informe.
Cristosal cerró sus oficinas en El Salvador en julio pasado, alegando una “escalada represiva” contra defensores de derechos humanos y organizaciones civiles.
