El expediente por la causa penal que se le sigue al diputado arauqueño Roberto Luna desapareció de Fiscalía.
Así lo denunció el abogado querellante en la causa, Eugenio Covián quien afirmó que ya no está más el expediente en el Ministerio Público Fiscal. "Tenemos la certeza de que el expediente no está más en Fiscalía, el número de la denuncia con la carátula de la denuncia y el asunto ya no están. Cuando se realizó la búsqueda nos dimos con que el expediente no está más en el sistema, desapareció", dijo Covián en La Mañana de La Red.
El letrado calificó como un hecho "gravísimo" la desaparición del expediente de la causa contra Luna a la vez que recordó que aún no había un dictamen del Fiscal pese a que la denuncia penal había sido presentada a fines de julio pasado. "Es gravísimo que ocurra esto en el Ministerio Público Fiscal. Nosotros ya veníamos poniendo en conocimiento a la sociedad de que habíamos hecho la denuncia el 24 de julio y que áun no tenemos dictamen del Fiscal. Estamos llegando a fin de año. Y ayer cuando fuimos a Fiscalía a insistir para que salga el dictamen nos dimos con que ya no está más el expediente en el sistema", recalcó.
Covián añadió que la querella no fue notificada de nada respecto de la causa y dijo que va a pedir una audiencia con el Fiscal General "para exponerle esta situación y ver cuáles son las alternativas". "No puede desaparecer una denuncia sin que se nos notifique de nada. Tampoco tenemos en el Código de Procedimientos alternativas para esto. No está previsto en el Código qué se hace ante un caso gravísimo como este", dijo.
Hay que recordar que el diputado Luna fue denunciado por dos mujeres de Aimogasta por irregularidades en el manejo de programas sociales de los cuales las denunciantes son beneficiarias. El legislador está denunciado penalmente por malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos y falsificación de firmas.
"Luna administraba programas sociales no bancarizados en el departamento Arauco y recibía del Ministerio de Desarrollo Social un determinado monto de dinero para esos programas pero a los beneficiarios les abonaba mucho menos que lo que correspondía y para justificar estos fondos de Desarrollo Social falsificaba las firmas de los beneficiarios", destacó el abogado.