Un reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el número 137/2025, que designa a los jueces Lijo y Mansilla a la Corte Suprema en calidad de jueces comisionados, ha desatado una fuerte controversia. En este sentido, Pedro Goyochea, asesor General de Gobierno provincial calificó esta decisión como un ejemplo de «brutalismo político», argumentando que representa un «atajo institucional» que vulnera el principio de legalidad y tensa la relación entre los poderes del Estado.
Pedro Goyochea asesor de gobierno de la provincia aseguró que “el decreto ignora el proceso constitucionalmente establecido para la designación de jueces de la Corte Suprema, que requiere la propuesta del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado a través de una mayoría calificada. Al eludir este proceso, el decreto podría ser considerado nulo de nulidad absoluta”.
«Esta acción, en lo que muchos definen como el brutalismo político, por parte de politólogos quienes sostienen que el brutalismo político tiene dos facetas. Uno en lo simbólico a través del lenguaje, que es la irrupción violenta de quienes ejercen funciones públicas y tiene también su aspecto práctico que es el atajo institucional, es decir, no respetar el principio de legalidad que rige las acciones de gobierno y que a través de esquemas de voluntad caprichosa imponen un criterio para poder tensar la relación entre los poderes del Estado», sostuvo el funcionario.
A su vez destacó que “que este decreto 137 es un claro ejemplo del brutalismo político en un atajo institucional porque la Constitución no contempla ninguna posibilidad que los jueces de la Corte Suprema sean designados por decreto del presidente de la Nación, sino que es un acto complejo que comprende la acción del Poder Ejecutivo que propone y el Senado de la Nación que es quien designa a través de una mayoría calificada”.
Además, el funcionario resaltó que esta acción podría ser una estrategia para desviar la atención pública de otros temas problemáticos, como las estafas relacionadas con criptomonedas.“Creo que el presidente desarrolla una agenda en redes sociales y medios que es de manera continua y progresiva, viene realizando actos en los cuales busca que la agenda mediática torne de las criptomonedas a los hechos institucionales caracterizados por el brutalismo político. Me parece que está estudiado en forzar a la opinión pública para que centre su atención en este último acto de gobierno y de esa manera el esquema de las estafas de la criptomoneda pase a un segundo plano”.
Por su parte, Elida Barrera abogada explicó que “el l artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, establece el procedimiento por el cual se va a seleccionar los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este artículo dice que el presidente tiene la potestad de nombrar dichos jueces con el acuerdo de dos tercios del Senado”.
“En la República Argentina, los jueces de Corte Suprema de Justicia de la Nación deben ser cinco. Por mucho tiempo hubo solamente tres ministros de corte. Este alto tribunal reviste una importancia suprema, superior, porque tiene como misión asegurar como garantía que siempre se cumpla con lo que dice la Constitución Nacional. y va a ser una revisión de toda la legislación de todo el país en cuanto a la constitucionalidad, se custodia también los derechos y las garantías de los ciudadanos”, agregó.
En ese punto continuó y destacó que “La Constitución Nacional establece que los miembros tienen que ser cinco. Por mucho tiempo en la Argentina tuvimos tres miembros. Es por ello que el presidente de la Nación decide proponer dos nombres a los fines de darle publicidad y transparencia, consulta popular y la participación ciudadana”.
“Se proponen los nombres del Dr. Lijo y del Dr. Mancilla y sobre esto se llama una audiencia pública. Este periodo tiene un inicio y finalización; una vez vencido ese periodo el presidente llama a sesiones extraordinarias el día 20 de enero hasta el 21 de febrero oportunidad que la cámara de senadores tenía para justamente rechazar o promover a estos jueces, sin embargo, esta Cámara no se ha expedido al respecto”.
Siguiendo su explicación Barrera indicó que “es por ello que en el decreto 137 del 2025 el presidente de la Nación formula un análisis pormenorizado de todas las elecciones que hubo durante mucho tiempo de jueces. Entonces muestra cómo desde la Constitución del año 1.853 hasta la constitución del presidente Carlos Saúl Menem, fueron electos los diferentes miembros de Corte, promocionando así y decretando como nuevos jueces de la corte al doctor Lijo y al doctor Mancilla”.
Cabe destacar que el abogado Denis Fletcher en diálogo con radio La Red Nacional, calificó de inconstitucional la designación de Lijo y Mansilla en la Corte Suprema y fue quien además judicializó el tema de la designación. Fletcher argumentó que el decreto 137 del presidente Milei viola la división de poderes, un principio fundamental para la custodia de los derechos individuales.
Al finalizar Fletcher explicó que “la Constitución Nacional establece un mecanismo claro y específico para la designación de los jueces de la Corte, que requiere el acuerdo de las dos terceras partes del Senado. Esta mayoría calificada busca asegurar la legitimidad de los jueces, quienes no son electos democráticamente”.
