Un nuevo decreto presidencial amenaza con dejar a miles de personas con discapacidad sin prestaciones. El proyecto desregula los aranceles, hasta ahora fijados por un nomenclador. También desfinancia el fondo que permitía que todas las obras sociales presten los servicios. Desde el sector advierten que habrá más desigualdad y que están “al borde del colapso”.
Se trata de un proyecto presidencial firmado por Diego Spagnuolo —abogado personal de Javier Milei y director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— cuyo texto se filtró el viernes 10 de mayo, por el cual se desregularía el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Es preciso resaltar que en los últimos días organizaciones sociales y prestadores de servicios de personas con discapacidad alertaron sobre un decreto que el Poder Ejecutivo Nacional estaría próximo a firmar. Según el borrador que circuló, y que lleva la firma del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) Diego Spagnuolo, las prestaciones de servicios a personas con discapacidad dejarían de pagarse con una tarifa unificada establecida en un nomenclador y establecida por un directorio, tal como ocurre desde hace más de 25 años.
Distintas organizaciones y profesionales denuncian que una medida tal marcaría un retroceso, ya que el sistema actual —aun con los reclamos por dilaciones y las bajas tarifas a la hora de pagar— garantiza que la cobertura para personas con certificado único de discapacidad (CUD) son integrales y universales.
Habría nomencladores con tarifas distintas en función del tipo de cobertura de cada persona. Esto derivaría en servicios de distinta calidad (porque los aranceles afectarían la estructura de costos de los prestadores), pero además pondría en riesgo la continuidad de instituciones que no puedan sostenerse con los nuevos montos.
¿Cuál es el temor de las organizaciones de la sociedad civil?
En este sentido, Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad explicó que “Se corre el riesgo de que los criterios que sigan para establecer los aranceles no aseguren la calidad que caracteriza al sistema desde su origen. Si eso ocurre, será una consecuencia inevitable que los beneficiarios de aquellos financiadores que paguen menos accedan a prestaciones de menor calidad”
Además resaltó que “llevaría a los prestadores a brindar servicios al ‘mejor postor’, conforme la lógica del mercado, lo cual sería una política regresiva.
¿Por qué el sistema podría desregularse por decreto si hay una ley?
La 24.901 se reglamentó mediante el decreto 1193/98, el cual establece un marco institucional al sistema de prestaciones. Por ejemplo, crea un Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en el cual deben inscribirse los profesionales. Y también establece la conformación del directorio y del nomenclador único. Como estos aspectos nunca se tradujeron en una ley, un nuevo decreto podría echarlos por tierra.
¿Qué significa este decreto?
Esto significa que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema (PAMI, Incluir Salud, Superintendencia de Riesgos de Salud) fijarán de forma independiente y no vinculante entre ellos los aranceles de las prestaciones para las personas con discapacidad reguladas por la Ley 24.901. En otras palabras, los aranceles ya no estarán atados al nomenclador —como ocurre desde hace más de 25 años—que establece un valor único para cada prestación.
“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga”, explican desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La desregulación va de la mano de la desfinanciación de los fondos para las obras sociales. Estos fondos garantizaron hasta ahora que todas ellas pudiesen pagar por estos servicios, lo que dejaría de ocurrir.
