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El gobierno provincial anunció un aumento salarial del 18% al básico, sumado a un adicional remunerativo no bonificable de 60.000 pesos y 30.000 pesos al IPE. Sin embargo, desde el Sindicato de Autoconvocados de la Educación (SAE) manifestaron su rechazo, argumentando que el incremento es insuficiente y no responde a las necesidades del sector.
Carolina Goycochea, secretaria del gremio SAE, expresó, en La Red La Rioja, la indignación de los docentes ante el anuncio. «El aumento del 18% representa solo 47.000 pesos más al básico en el caso de maestros de primaria y un incremento a 2.700 pesos por hora cátedra en secundaria y nivel superior. Esto no cubre el atraso salarial ni se acerca a la canasta básica, que ronda entre 1.400.000 y 1.500.000 pesos», señaló.
Desde el gremio sostienen que el piso salarial de 550.000 pesos fijado por el gobierno deja a los docentes apenas por encima de la línea de indigencia, pero aún muy por debajo de la línea de pobreza, establecida en 1.100.000 pesos según un estudio reciente. «Este salario termina siendo un techo y no una base justa para los trabajadores de la educación», agregó Goycochea.
El gobierno defendió el aumento argumentando que el 70% de los docentes tiene doble cargo. No obstante, Goycochea refutó esta afirmación, señalando que en primaria es difícil acceder a dos cargos debido a la superpoblación de docentes y las restricciones en los padrones. Además, denunció que las condiciones laborales son precarias, con aulas sobrecargadas y problemas de infraestructura que afectan el desarrollo de las clases.
En cuanto a las medidas a tomar, desde el SAE informaron que están organizando asambleas en las escuelas para debatir el rumbo de las acciones y visibilizar el descontento del sector. «Este aumento no fue discutido ni refrendado por la docencia, sino por sindicatos afines al gobierno. Exigimos ser incluidos en la mesa salarial y que se garantice un salario acorde a la canasta básica», enfatizó la representante gremial.
Además, manifestaron su rechazo al IPE, calificándolo como un «castigo» en lugar de un incentivo, ya que penaliza a los docentes que falten por razones de salud o climáticas. «No solo va en contra del derecho a huelga, sino también del estatuto docente y el régimen de licencias», advirtió Goycochea.
Desde el SAE reiteraron su pedido de una recomposición salarial que realmente impacte en el bolsillo de los trabajadores y permita a los docentes dedicarse a su labor sin la necesidad de sumar múltiples empleos para subsistir.