El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del CONICET y la UBA, presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina. El estudio estima que casi el 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra— pertenece a firmas o Estados extranjeros.
El informe contradice el argumento oficial de que ninguna provincia supera el límite legal del 15%: al analizar por departamentos, 36 distritos ya lo exceden. Casos críticos se registran en Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná.
Según los investigadores, Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Advierten que derogar la Ley de Tierras no apunta a inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de recursos estratégicos, lo que podría profundizar conflictos sociales.
El informe describe el marco legal y lo que se pretende en con la Ley de Tierras. Con la asunción de los nuevos diputados y senadores, y aprovechando el momento político de ofensiva, el gobierno anunció el envío de proyectos clave, entre ellos, la derogación definitiva de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (n° 26.737) de 2011. Para dimensionar lo que está en juego, es necesario revisar el contexto en que esta ley fue sancionada.
Un punto de quiebre en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros años, la SSI autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas históricamente protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Esa normativa, a pesar de continuar vigente, fue ampliamente vulnerada en la década de los noventa con ventas irregulares y triangulaciones. Dos de los casos más emblemáticos son el de Lago Escondido en Río Negro -adquirido por el magnate británico Joe Lewis- y el de las tierras patagónicas compradas por Luciano Benetton, de nacionalidad italiana.
En los años 2000, con el boom internacional de los precios de los alimentos, el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. En este escenario, en 2011 se sancionó la Ley de Tierras, que fijó un límite de extranjerización de tierras de un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental, y fortaleció los mecanismos de control para evitar triangulaciones sin supervisión estatal.
En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Decreto 820/2016 modificó la aplicación de la Ley de Tierras. El decreto flexibilizó los procedimientos, habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero. En la práctica, estos cambios facilitaron operaciones que antes estaban sujetas a control y, fundamentalmente, modificaron la forma de medir la extranjerización en casos de sociedades, sucesiones, condominios o participaciones indirectas.
Como consecuencia, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 se observa una baja en los porcentajes de tierras en manos extranjeras que no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología. En 2023, con la llegada al poder de La Libertad Avanza, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras mediante su artículo 154. Sin embargo, en enero de 2024, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó un amparo que logró frenar provisoriamente la derogación en la justicia, evitando que la situación cambiara sustancialmente en los meses siguientes.
Existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley. Y hay cuatro casos –Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)– donde la extranjerización supera el 50%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%.
El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos. En el mapa georeferenciado que realizamos se puede consultar esta información (https://observatoriodetierras.blogspot.com/
En cuanto a las nacionalidades de los principales poseedores de tierras, el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses con más de 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán.
En cuanto a las nacionalidades de los principales poseedores de tierras, el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses con más de 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán.
