El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) se encuentra en La Rioja realizando su segunda visita a la provincia con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en su inspección de agosto de 2022. Kevin Nielsen, Comisionado en representación de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura, explicó que la visita busca evaluar las condiciones de los centros de detención y las instituciones de salud mental, así como monitorear el cumplimiento de las recomendaciones previas.
“El objetivo es relevar los mismos aspectos que en la visita anterior y verificar el avance en la implementación de las recomendaciones realizadas en 2022”, señaló Nielsen en diálogo con La Red. Durante esta segunda inspección, el comité visitará cárceles, comisarías, instituciones de salud mental, residencias para adultos mayores y dispositivos de alojamiento para niños y niñas.
El CNPT tiene como función principal realizar visitas con y sin previo aviso a cualquier espacio de privación de libertad, en un sentido amplio. “Esto incluye no solo cárceles y comisarías, sino también instituciones de salud mental y otros espacios como residencias de adultos mayores y alojamientos para menores”, detalló Nielsen. El objetivo de estas inspecciones es prevenir abusos, malos tratos y torturas, en cumplimiento de la convención ratificada por Argentina que forma parte de la Constitución Nacional. Este organismo, creado por ley en 2018, opera de manera independiente para garantizar estos derechos.
Resultados de la primera visita en 2022
En su primera visita en 2022, el CNPT detectó problemas de hacinamiento en las dependencias policiales y penitenciarias de La Rioja. Según Nielsen, las unidades policiales y penitenciarias presentaban una superpoblación que excedía su capacidad operativa, lo cual generaba otras problemáticas como la falta de acceso adecuado a servicios de salud y alimentación. En respuesta a estas situaciones, el comité recomendó que la provincia adoptara medidas para garantizar los derechos de las personas detenidas, incluyendo revisiones médicas independientes, derecho a notificar a familiares y acceso rápido a asesoría legal.
El CNPT también recomendó revisar los procedimientos de aislamiento, ya que se detectó un uso prolongado de estas medidas de en algunos casos.
“Detectamos que la provincia debería adoptar, profundizar y fortalecer las salvaguardas, que son garantías que tiene toda persona detenida al momento de su aprehensión. Estas son la revisión médica independiente por parte de médicos de salud pública, no de personal policial, el derecho a contactarse con familiares o notificar a familiares de la detención, o el acceso rápido a un profesional del derecho a un abogado”, señaló.
“En general, recomendamos que se fortalezca la atención de salud, y sobre todo que existan protocolos respecto a suicidio y a consumo problemático de sustancias”, dijo.
El CNPT insiste, además, en que se debe aumentar el presupuesto y la dotación de personal penitenciario en La Rioja para garantizar que las personas privadas de su libertad tengan los recursos necesarios para su resocialización y readaptación: “el personal penitenciario hace un trabajo muy difícil que requiere tener los recursos adecuados para poder garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, que no son más que un medio para que éstas se puedan resocializar y readaptar, que es el fin constitucional de la pena”, dijo.
Otra de las recomendaciones importantes realizadas en 2022 fue la implementación de un nuevo Código de Convivencia que reemplace al actual Código Contravencional, el cual data de la última dictadura cívico-militar. Nielsen explicó que estas normativas muchas veces permiten la detención discrecional de personas por faltas menores, que no deberían ser tratadas como delitos. “Los contraventores no son personas que cometieron delitos, son pequeñas faltas que tienen que ver con la convivencia diaria. Los artículos de este código muchas veces son ambiguos, otorgando un poder discrecional a la policía para detener a personas, incluso por días, sin que hayan cometido una acción que afecte derechos de terceros”, señaló.
Nielsen destacó que este código contravencional permite a las fuerzas policiales sacar de circulación a personas que “consideran indeseables”, muchas veces por razones que deberían abordarse desde otras áreas del Estado, como problemas de salud mental o consumo problemático. “Claramente, la respuesta no debería ser penal”, agregó.
Asimismo, Nielsen expresó que la provincia no cuenta con la infraestructura adecuada para alojar personas en comisarías, algo que se repite en muchas otras provincias del país. “El CNPT emitió un informe específico sobre las personas detenidas en comisarías, destacando que ninguna provincia está en condiciones de alojar personas en estas dependencias de manera prolongada. Sin embargo, no solo se encuentran detenidos por delitos durante meses, sino también contraventores, lo cual no debería suceder”, subrayó. Según el comité, debería existir un catálogo mínimo de contravenciones que contemple medidas alternativas a la detención para solucionar conflictos.
