El Gobierno nacional decidió no renovar el denominado “Premio Estímulo a la Asistencia”, un adicional salarial vinculado al presentismo que percibían trabajadores de la Administración Pública Nacional. La medida se verá reflejada en los haberes correspondientes a febrero —que se cobran en marzo— y afectará a empleados de la Administración Central y organismos dependientes encuadrados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
El beneficio había sido implementado en 2017 y renovado de forma periódica en los años siguientes. Sin embargo, tras el vencimiento de la última prórroga, el Ejecutivo optó por no extenderlo. En la práctica, esto implica una reducción directa en los ingresos de miles de trabajadores estatales en un contexto económico marcado por la inflación.
Desde los gremios estatales cuestionaron la decisión y sostienen que el adicional ya formaba parte de la estructura salarial habitual. En ese sentido, Alfredo Arana, referente de ATE, aseguró que la eliminación del plus representa “otra medida más de ataque del gobierno nacional a sus trabajadores”, dijo a La Red.
“Ahora le suma esto de modo inconsulto, eliminar el presentismo. Algo que se venía implementando desde 2017, se renovó en 2020 y automáticamente todos los años se prorrogaba. En enero empezaron a mandar circulares avisando que no se iba a pagar este año”, explicó.
Según Arana, el impacto alcanzará a trabajadores de todos los organismos que dependen del Estado nacional. El dirigente gremial señaló que desde ATE se intimó al Gobierno para que revise la decisión, al considerar que el tema sí había sido mencionado en la última reunión paritaria de diciembre.
“Se envió una carta documento para que revean la situación. Este viernes recibimos la comunicación de que se va a convocar a una nueva mesa paritaria, después de la que fue el 26 de diciembre, y seguramente ahí volveremos a plantear el tema para que se incluya en las liquidaciones de acá en adelante”, indicó.
“No hay ninguna explicación. Se enviaron comunicaciones a los organismos echando la culpa a los sindicatos, diciendo que no se había incluido en la discusión paritaria, cuando en realidad tenía una renovación anual automática”, afirmó.
En términos económicos, Arana explicó que el presentismo representaba un monto variable según el convenio, aunque en muchos casos rondaba entre 50.000 y 60.000 pesos mensuales. “Al ser inconsulto, para nosotros es una baja compulsiva del salario”, remarcó.
El dirigente también vinculó la medida con el proceso de reducción de personal en el Estado nacional. Según estimaciones gremiales, en la provincia los recortes alcanzaron inicialmente a unas 220 personas, aunque luego se sumaron más bajas a través de retiros voluntarios.
A nivel nacional, el cálculo sindical señalaba unos 58.000 trabajadores estatales menos hacia fines del año pasado, entre despidos, no renovaciones de contratos y programas de retiro. “Ese número siguió aumentando con los nuevos retiros voluntarios que se están impulsando en distintos organismos”, sostuvo Arana.
“Los trabajadores nacionales registran más del 40% de pérdida salarial desde que asumió el gobierno”, concluyó.
