La iniciativa había sido anunciada hace unos quince días, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ahora ingresó a la Cámara Baja para su tratamiento.
“Régimen Penal Juvenil” es el título que lleva el proyecto que indica cuál es la pena de imputabilidad y establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido.
El proyecto establece penas de hasta veinte años de prisión para los chicos y adolescentes, que serían encarcelados en “establecimientos especiales” o “secciones separadas” dentro de los complejos penitenciarios.
Las condenas de 3 a 6 años podrán cumplirse con medidas alternativas, “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”.
Además, prevé que se pueda investigar a niños incluso menores de 13 años. Si bien seguirán siendo “no imputables” con menos de edad, el juez interviniente “de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas”. En estos casos, el magistrado está habilitado para realizar “un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”.
En cuanto a las condenas que puedan tener libertad condicional, se establecen medidas paralelas como la “obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo”, aunque se trate de menores de edad.
