En un movimiento que promete reconfigurar el panorama político argentino, la Casa Rosada presentó al Congreso dos proyectos de ley destinados a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos. A pocos días de finalizar el período de sesiones ordinarias, el gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias para lograr su aprobación en el verano. Sin embargo, la propuesta ya encuentra resistencia en sectores clave del arco opositor y genera debate entre analistas.
El abogado constitucionalista Alberto Bruno, en diálogo con La Red, ofreció su análisis sobre el impacto y las implicancias de estas iniciativas. Según Bruno, “este intento de reforma no es nuevo. Ya se había planteado en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que no prosperó, y ahora el gobierno busca avanzar a través del Congreso. La eliminación de las PASO y los cambios en el financiamiento de campañas son los ejes centrales del proyecto”, explicó.
El argumento principal para la eliminación de las PASO, según el oficialismo, es el elevado costo que representan y su limitada utilidad en la selección de candidatos. Bruno destacó: “Se las considera una gran encuesta nacional que prolonga innecesariamente el calendario electoral y eleva el gasto público. El gobierno plantea que estas internas deberían resolverse puertas adentro de los partidos, según lo establecido en sus cartas orgánicas”.
El experto agregó que el proyecto también incluye una reducción en el cronograma electoral, limitando la campaña oficial a los 60 días previos a la elección, con restricciones específicas sobre la publicidad en medios tradicionales y digitales. “Esto busca acortar los tiempos y reducir los costos asociados al proceso electoral”, indicó.
Otro punto controvertido es la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos. El proyecto propone reducir los aportes estatales extraordinarios, como los destinados a la impresión de boletas, reemplazadas por la boleta única de papel. Sin embargo, incrementa la participación privada, lo que podría beneficiar a los partidos más grandes.
“El financiamiento estatal se limitará al aporte anual al fondo partidario permanente, del cual solo el 20% podrá usarse para actividades generales. El resto se distribuirá en proporción a los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales, lo que deja fuera a los partidos que no superen el 1% del padrón electoral”, detalló Bruno.
Además, se propone un sistema más riguroso para los aportes privados, que incluirá una plataforma pública de registro supervisada por la Unidad de Información Financiera. Sin embargo, Bruno advirtió: “Aunque se fija un tope para las donaciones individuales, no hay límites sobre la cantidad de donantes. Esto podría favorecer a los partidos grandes, con mayor capacidad para atraer financiamiento privado de empresas y sectores con intereses específicos”, analizó.
Una transición compleja para las provincias
En paralelo a la discusión nacional, las provincias enfrentan desafíos propios en la implementación de las reformas. Bruno ejemplificó con el caso de La Rioja: “Si la provincia no adhiere al sistema nacional, en las próximas legislativas tendremos que votar con dos sistemas: boleta única de papel para cargos nacionales y boletas partidarias tradicionales para los provinciales. Esto puede generar confusión y dificultades en el escrutinio”, advirtió.
Además, subrayó la necesidad de una capacitación intensiva para ciudadanos, partidos políticos y autoridades electorales. “Un sistema dual como este será engorroso y demandará un esfuerzo significativo para garantizar su correcta aplicación”, sostuvo.
Las iniciativas del oficialismo ya encontraron resistencia en el PRO y la UCR, habituales aliados de los libertarios, que se oponen tanto a la eliminación de las PASO como al recorte del financiamiento público. Este escenario plantea un panorama legislativo incierto, donde las negociaciones serán clave para avanzar con las reformas.
“El debate no solo debe centrarse en los costos, sino en garantizar la representación política y la igualdad de condiciones entre los partidos. Hay riesgos de que las modificaciones beneficien a los más grandes en detrimento de las fuerzas emergentes”, concluyó Bruno.
