El Gobierno emitió un comunicado respecto de la 1060 personas del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” que fueron dados de baja por supuesta incompatibilidad como así también respecto del pedido de la justicia federal de investigar a funcionarias y funcionarios que otorgaron los beneficios.
En ese sentido aclararon que “se habla de personas que tenían una retribución inferior a $156 mil pesos, en algunos casos con percepciones del 50 por ciento de ese importe es decir, 78 mil pesos y que en ningún caso -como se indicó- podía superar el Salario Mínimo Vital y Móvil”.
“El Potenciar Trabajo tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de sus beneficiarios y posibilitar el mejoramiento progresivo de sus ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica, eso se respetó: no se trata de funcionarios ni de empleados de planta sino que todos los beneficiarios tienen vinculación laboral a través de becas, contratos, programas”, afirmaron.
“Las bajas o cruces lo hace la ANSES. Puede que haya algunos casos puntuales en lo que esos beneficiarios ingresaron este año a planta y el cruce de datos para realizar la baja estuviera demorado por el proceso administrativo habitual. No son empleados que se encontraban en esta situación desde hace años”, explicaron.
Remarcaron que “el ingreso social del Potenciar Trabajo es complementario y no prohíbe ni inhibe que el beneficiario del mismo tenga otra actividad (mientras no se un trabajo asalariado efectivo) para alcanzar el total del salario, que además en una coyuntura inflacionaria como la actual siempre está desfasado. Si no se efectivizó oportunamente la baja del Potenciar es porque el sistema nacional no detectó incompatibilidad”.
