El Gobierno nacional decidió aplicar un ajuste en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), organismo creado por la Ley de Medios, con un recorte de 100 puestos de trabajo y la venta de bienes, entre ellos un estudio de TV móvil.
La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y comentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien cuestionó tanto el funcionamiento del organismo como su impacto económico desde su creación en 2009.
A través de un extenso mensaje en la red social X, Sturzenegger criticó el gasto público destinado a la DPSCA, asegurando que desde su creación los argentinos han contribuido con 70 millones de dólares para mantenerlo. Además, subrayó que en 2023 cada denuncia presentada al organismo costó aproximadamente 1,5 millones de pesos. El ministro afirmó que la Defensoría fue creada por el kirchnerismo con el fin de controlar el periodismo crítico, y consideró que su funcionamiento ha sido innecesario y costoso para el Estado.
