El abogado Miguel Zárate explicó, a La Tarde de La Red, que la resolución responde a la dos acciones de amparo firmadas por 350 trabajadores que ahora, por orden de la Justicia, debe recuperar su condición.
"Ordena abstenerse de la situación judicial que tenían los trabajadores antes del comienzo de la actual gestión, ordena el pago de los salarios como lo venían percibiendo. Todos los decretos firmados por el intendente Quintela", dijo al abogado y agregó que "el acto administrativo de Paredes Urquiza afectó derechos adquiridos”.
“La presentación de estos dos amparos fueron presentados apenas los trabajadores tomaron conocimiento. Es retroactivo al mes de enero, cuando se hizo la presentación”
Asimismo dijo que los empleados "siguen trabajando en el mismo lugar pero no estaban cobrando como deberían cobrar y nunca hicieron abandono de trabajo". "Estamos hablando de más de 700 personas afectadas, que puedan existir algún ex funcionario designado como planta en el Estado no es impedimento, el único requisito legal es la idoneidad para ocupar el puesto de trabajo que tenga", aseguró.