“El decreto 840 tiene un fin que es muy bueno como lo es la prevención de los accidentes de tránsito para resguardar la vida de las personas” sostuvo Emilio Rodríguez, y estimó: “Lamentablemente tiene un medio que es contrario a la constitución de la Nación. Por lo tanto rompe el estado de derecho y se transforma en un medio impropio y eso es lo que no se puede seguir tolerando.”
Con respecto a la intervención policial, Rodríguez indicó: “Que la libertad de las personas esté en manos de un funcionario policial, que adolece de toda facultad para tomar esa decisión es lo que la transforma en inconstitucional. Muchos abogados opinaron sobre esta cuestión, hasta el Consejo de Abogados de la provincia se expidió.”
“Pero es hora de adecuar esa norma a la constitución”, afirmó el letrado, y agregó: “Lo que se está solicitando es la modificación y que el objetivo sea el mismo, pero que se secuestre el rodado. Lo que hace el funcionario policial es privación ilegítima de la libertad con el riesgo de ser denunciado penalmente.”
En cuanto a la constitucionalidad de la norma vigente, Rodríguez comparó: “Todo esto no viene tan solo de la 840 sino que el código contravencional que se aplica en la provincia es de la época de la dictadura militar, tiene más de 30 años y nunca se modificó a pesar de las presentaciones legales que se realizaron desde muchos sectores.
“Ahí ya se le otorgan facultades inconstitucionales a un comisario para sancionar con multa y arresto de hasta 30 días”, detalló el letrado, quien expresó además: “Esta legislación viciada es la base de la malformación de la policía, porque de esto devienen los excesos, los apremios y las cosas que se denuncian día a día de los abusos de poder policial.”
“Esto va como un aporte positivo hacia el gobierno, ya que la justicia provincial no hizo nada con respecto a las denuncias”, concluyó Emilio Rodríguez.