En el año 2023 hubo 1480 personas asistidas por situaciones de violencias de género según el Observatorio de la Secretaría de la Mujer y Diversidad. La edad promedio del 52% es de entre los 27 a 39 años y el 77% pudo realizar la denuncia.
Y, desde al 2015 hasta al 2023 la estadística fue en aumento. En 2015 se registraron, 404 situaciones, en el 2016, 373, en 2017, 397 y en el 2018, 333. Luego, en el 2019 el registro subió a 374, en el 2020 (inicio de la Pandemia), 401, en el 2021, 1104 y en el 2022, 798 personas asistidas. En total, en este periodo, hubo 5.664 situaciones de violencias por razones de género según el Informe del organismo proteccional provincial, presentado ahora en marzo.
El mayor porcentaje muestra que son las exparejas que ejercen la violencia contra mujeres: “La violencia por parte de una pareja no necesariamente se interrumpe con la separación. En efecto, entre las mujeres que vivieron situaciones de violencia en los periodos relvados, el 50% identificó a su expareja como agresor”, afirman.
“Las violencias por motivos de género son una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros y, por lo tanto, una problemática estructural y transversal a todas las mujeres y diversidades. No obstante, cuando las violencias por motivos de género se entrecruzan con otras condiciones de opresión tales como la socioeconómica, la edad, la migración, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la pertenencia a comunidades indígenas, la ruralidad, la situación de privación de la libertad, entre otras; se agravan e incrementan las situaciones de vulnerabilidad”, dice la Secretaría en su informe.
La construcción de la estadística muestra el incremento de las violencias y al mismo tiempo, como la institucionalización de la demanda y la puesta en marcha de políticas vinculadas a la erradicación de la violencia machista, aún con la necesidad de ajustes, pone en contexto y en agenda una problemática estructural que afecta la vida de mujeres, infancias y diversidades.
Datos del 2023
Del total de 1480, el 58% ingreso por demanda espontánea, es decir, acudió al organismo para solicitar ayuda, 39% por oficio judicial y el 3% por derivación.
Respecto de las zonas más afectadas de nuestra ciudad capital, un 30% de personas que padecen violencias están situadas en zona sur, un 28% la zona esta. el 19% la zona centro, y en menor medida con el 17% la zona norte.
La violencia psicológica aparece con el 29%, la física con 21%, un 14.8%m violencia simbólica, el12.5% de violencia económica y patrimonial, y en menor porcentaje el 7.4% la violencia sexual.
Un dato relevante es que el 33% de personas que padecen situaciones de violencias planificaron e intentaron el suicidio. A su vez, la estadística advierte que el 58% de las personas manifiesta contar con redes comunitarias y/o sociales de contención y acompañamiento, mientras que el 42% expresa vivir pérdida de vínculos como producto del aislamiento característica del círculo de la violencia.
En cuanto a los niveles de riesgo se detecta en los 1480 abordajes integrales realizados un porcentaje mayor de 49% que refiere a nivel de riesgo alto y un 27% de riesgo altísimo. Mientras tanto, un 16% con riesgo medio y un porcentual de 8% de riesgo bajo.
Hubo 32 situaciones de violencia extrema que incluye intentos de femicidio, secuestro o privación de la libertad, obligación a ejercer el trabajo sexual, abusos sexuales continuos, hospitalizaciones, inducción al suicidio, amenaza de daño o muerte a hijes, asfixia con pérdida de conocimiento y agresores con uso o portación de armas de fuego.
En lo que va del año 2023 en nuestra provincia se registraron 3 femicidios donde uno fue seguido de suicidio por parte del agresor. En dos de los casos mencionados, infancias perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Y en lo que va del 2024, La Rioja ya registra un femicidio.
Un 68% tiene hijas/os en común con el agresor y el 55% manifiesta haber atravesado situaciones de violencia en presencia de infancias.
El 25% de los agresores tiene antecedentes penales y está vinculado a actividades ilícitas, y el 21% presenta antecedentes por violencia de género. El 17% de los agresores pertenece a las fuerzas de seguridad y tiene acceso al uso de armas de fuego.