El 30 de diciembre de 2020 se sancionó de la Ley Nº 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto. Según datos de las organización Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) entre 2020 y 2023, 250.000 personas accedieron a un aborto seguro en Argentina. Sin embargo, no hay información respecto de este 2024. El Estado nacional tampoco informó compras o distribución de insumos de salud sexual y reproductiva y las provincias reportan entregas mínimas.
Según el reporte del Proyecto Mirar Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales (agosto 2024), desde que la interrupción del embarazo es ley, se lograron cambios significativos en indicadores como mortalidad materna, fecundidad adolescente y ampliación de los efectores de salud que dan acceso a IVE-ILE.
Las tasas de fecundidad específicas de niñas y adolescentes mantuvieron la tendencia al descenso.
La reducción de 50% de la tasa de fecundidad adolescente observada entre 2018 y 2022 marca un quiebre en la tendencia amesetada sin descensos significativos previos. Más aun, se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57%, donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. Un descenso de esta magnitud es inédito en América Latina.
El número de muertes maternas por aborto disminuyó, especialmente las relacionadas al aborto médico, otros abortos y abortos no especificados
Los datos muestran que las muertes maternas de causa indirecta (aquellas resultantes de enfermedades existentes desde antes del embarazo o que evolucionaron durante el mismo, y que no se explican por causas obstétricas directas, pero sí fueron agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo) han tenido un comportamiento decreciente en la última década vía el acceso a los abortos permitidos por la ley.
Los servicios de salud pública que realizan abortos se duplicaron en tres años, incrementando las posibilidades de acceso y reduciendo desigualdades
Si se toma como punto de partida el número de instituciones que daban acceso a los abortos previstos en el marco normativo previo a la legalización (año 2020), para finales de 2023 el número de efectores había crecido 2,2 veces.
La tasa promedio para el país es de 17 efectores públicos que proveen IVE ILE por cada 100.000 mujeres en edad fértil con un rango que varía entre provincias desde 2 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, a 53 a 57 cada 100.000 mujeres en La Pampa y Mendoza. Esto significa; más personas que acceden a los servicios de salud de forma oportuna y segura; menos muertes y complicaciones por abortos inseguros y libertad para decidir sobre la propia vida.
Sin insumos no hay acceso al aborto seguro
Según una información publicada por el sitio de noticias Chequeado, el gobierno nacional, desde que asumió, redujo drásticamente las compras de insumos para la atención de la salud sexual y (no) reproductiva.
En 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para IVE-ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024 ninguno. La caída fue del 100%.
Pero no sólo eso, tampoco distribuyó insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, establecido por la Ley 25.673.
La distribución de preservativos se redujo de 4,4 millones a 2,4 millones de unidades; esto es: se registró una caída del 45,5% entre el tercer trimestre de 2023 y mismo periodo de 2024.
La entrega de anticonceptivos inyectables y orales también se redujo en este lapso de tiempo: pasó de 4,9 millones a 2,3 millones de tratamientos entregados entre 2023 y 2024, lo que significa una baja del 53,9%.
De los métodos anticonceptivos de larga duración para las adolescentes -como el implantesubdérmico, que se distribuían en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA)– también hubo una disminución: pasaron de 50 mil a 21 mil. Esto significa un 57% menos.
El gobierno nacional dejó de proveer insumos de manera intempestiva, sin planificación y en el marco de otros recortes presupuestarios que también tuvieron que absorber las provincias.
La Rioja
La Rioja implementó medidas para priorizar el acceso al aborto legal, pero las dificultades persisten. La falta de insumos afectó directamente a los profesionales de la salud que practican la IVE/ILE. Según Marta Llanos, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de La Rioja, hubo una disminución en el número de profesionales dispuestos a realizar estos procedimientos, lo que constituye una debilidad importante en la implementación de la ley. En el mse de septiembre Llanos indicó que “el punto más alto en la cantidad de procedimientos se registró en 2022 y 2023”, aunque el acceso sigue siendo una problemática fluctuante. En el 2021 se registraron 500 prácticas en el 2022, 1034, subieron en el 2023, 1250 y en lo que va del 2024 ya se ubican en 600.
