Una investigación sin precedentes sacude al Poder Judicial de Tierra del Fuego. La jueza de Instrucción María Cristina Barrionuevo ordenó el allanamiento simultáneo de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones y del domicilio particular del camarista Andrés Leonelli. La medida, llevada a cabo a fines de junio, responde a una grave denuncia: la presunta tenencia de material digital con contenido de pornografía infantil.
Los operativos, ejecutados por la Policía Provincial, incluyeron el secuestro de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos informáticos tanto en el ámbito laboral del magistrado como en su residencia particular. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, pero el caso ya genera repercusiones dentro y fuera del sistema judicial fueguino.
Según confirmaron fuentes oficiales, la causa se inició tras una alerta emitida por organismos internacionales de monitoreo, que identificaron contenido ilegal alojado en una cuenta de Google Drive asociada al camarista. La plataforma digital habría bloqueado el acceso al material en abril, notificando al usuario sobre la suspensión del servicio por violación a sus normas.
En respuesta, el juez Leonelli alegó que las imágenes detectadas correspondían a material probatorio de causas judiciales en las que intervino como funcionario judicial, primero como secretario del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ushuaia y luego como camarista.
El magistrado presentó descargos formales ante Google, remitió una carta documento a su filial argentina, y además radicó una denuncia en Defensa del Consumidor, argumentando que la eliminación de la cuenta afectaba información sensible vinculada al ejercicio de su función pública.
Tras conocerse la medida de la jueza Barrionuevo, Leonelli se presentó espontáneamente ante la Policía Provincial y colaboró con el proceso judicial. Facilitó el acceso a sus dispositivos electrónicos, permitió su desbloqueo y brindó información sobre los archivos que contenían. También realizó una exposición voluntaria en sede policial, donde ofreció su versión de los hechos.
Hasta el momento, la investigación continúa en etapa preliminar. La jueza no ha dispuesto imputaciones formales ni medidas cautelares, aunque fuentes judiciales aseguraron que las pericias informáticas serán clave para determinar el origen y la naturaleza del material incautado.
El caso ha desatado una fuerte conmoción dentro del sistema judicial fueguino. Por la jerarquía del involucrado y la gravedad de la acusación, el silencio domina los despachos y pasillos del Poder Judicial provincial. Sin embargo, la preocupación ya trascendió el ámbito legal: la política local y los organismos de derechos humanos siguen con atención la evolución del expediente.
En medio del escándalo, lo que está en juego no es solo la responsabilidad individual de un juez, sino la credibilidad de toda una institución. La sociedad espera respuestas. La Justicia, por ahora, investiga.
Fuente: NA
