La Asamblea Popular de San Blas de los Sauces, integrada por vecinos autoconvocados, emitió un comunicado para informar a la comunidad sobre los eventos relacionados con el reclamo por la crítica escasez de agua en la región.
El pasado 25 de enero, los representantes de la asamblea se reunieron con autoridades municipales y provinciales, incluyendo al Jefe de Gabinete, intendente, concejales y diversos ministros. Lamentablemente, no se llegó a un acuerdo durante la reunión, y las propuestas presentadas fueron rechazadas por la asamblea en una evaluación posterior.
“El Estado tiene la obligacion de controlar”, sostuvo el comunicado, e indicaron que: “es inadmisible que se interponga una medida cautelar por parte del dueño de la finca o quienes gerencien su funcionamiento, para evitar que personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se hiciera presente en el lugar y que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) corroborara que los pesticidas utilizados tienen autorización. Lo que genera, mayor desconfianza en toda la comunidad, por cuanto si esto deriva en contaminación de napas, suelo, aire por productos agrotóxicos que emplean serían los responsables de las consecuencias de los efectos de dichos productos en la población local”.
En este sentido, agregaron que: “reconocemos que la falta de agua en el departamento se debe a la escasez de precipitaciones.
Hasta el momento las autoridades no se comprometieron a hacer las investigaciones pertinentes para determinar si “La Finca” está usando mecanismos que interfieran con las lluvias naturales en la zona, dado que es de evidencia pública la formación de frentes de tormenta que “misteriosamente” se disipan en el lugar”
“Consideramos que es responsabilidad del Estado (Municipal y provincial), conocer plenamente los términos en los que se instalan megaemprendimientos, como la finca de Pistacho, las evaluaciones de impactó ambiental, los mecanismos de remediación si fueran necesarios. Todos ellos, documentos que deben ser de dominio público. Porque nuestra Constitución Nacional nos ampara, en el art. 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
