En diálogo con La Red, Verónica Lanfranchi, presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada de La Rioja, brindó detalles sobre el sistema de cuotas en las escuelas privadas de la provincia, cómo rigen los acuerdos y cada cuánto aumentan.
Lanfranchi explicó que el valor de la cuota arancelaria de una escuela privada incluye varios elementos. A diferencia de las escuelas públicas, las instituciones privadas reciben por parte del Estado solamente el aporte por incentivo docente. El resto de los salarios de los docentes, así como los servicios, personal de limpieza, alquileres de edificios, insumos y demás elementos que se necesitan para llevar a flote la institución, se financian a través de las cuotas.
Para determinar los aumentos de las cuotas, se considera el porcentaje paritario y los salarios de los docentes, así como los incrementos en los servicios necesarios para el funcionamiento de la escuela. Estos aumentos se establecen anualmente, y los padres son informados al comienzo de cada año sobre la cantidad de aumentos que se aplicarán.
En este sentido, explicó que los aumentos se dan se forma anual: “Son anunciados a principios de año y generalmente se dan en mayo y septiembre”
Lanfranchi destacó que la situación administrativa financiera de las escuelas privadas se vio afectada en los últimos años a causa de la pandemia del Covid-19, especialmente en 2020 y 2021. “Durante el 2020, las clases se llevaron a cabo de manera virtual, lo que implicó un desafío para las escuelas que tuvieron que adaptarse rápidamente. A pesar de todo, se firmó un acuerdo de buena voluntad con el Ministerio de Educación para no aumentar las cuotas durante ese período”, relató.
Además, Lanfranchi mencionó las inversiones realizadas para adecuar los edificios escolares a las medidas de sanitización y control necesarias para el regreso a las clases presenciales en formato de burbujas en el año 2021: “Toda esa inversión fue de parte de las escuelas”.
En la provincia de La Rioja, existen casi 40 escuelas de gestión privada, la mayoría ubicadas en la capital, y más de 4500 docentes dependen de estas instituciones educativas.
