La diputada provincial por el radicalismo, Gabriela Rodríguez, integrante del Consejo de la Magistratura por la Función Legislativa, habló con Radio La Red La Rioja sobre el funcionamiento del órgano y respondió al pedido del del Consejo de Abogados que pidió la suspensión de los concursos.
“El Consejo de la Magistratura es un órgano técnico, previsto en la Constitución, que tras la última reforma pasó a estar dentro de la función legislativa”, explicó Rodríguez. Uno de los roles principales de este organismo es llevar adelante los concursos para la designación de cargos judiciales.
La diputada detalló que el Consejo está compuesto por 11 miembros: representantes del Poder Legislativo, del Ejecutivo, del Tribunal Superior de Justicia, jueces inferiores, el fiscal y defensor general, un abogado elegido por voto directo de los matriculados, y un académico del ámbito jurídico.
“Para que el Consejo funcione necesita la mitad más uno de sus integrantes. Hoy, ese quórum está garantizado, aunque aún no se haya designado al representante del Consejo de Abogados, por cuestiones internas que incluso fueron judicializadas”, aclaró.
—¿En qué etapa están los concursos actualmente?
—Anoche concluyeron los exámenes orales para cargos de jueces de cámara e instrucción en la primera circunscripción (Capital). La próxima semana comienzan los exámenes para fiscales, defensores civiles, defensores de niñez y adolescencia y defensores oficiales. Luego seguirán las entrevistas personales y las evaluaciones psicotécnicas, para las cuales ya se ha contactado a psicólogos, incluso de otras provincias.
—Usted mencionó que el Consejo es un órgano técnico, poco conocido por la ciudadanía. ¿Hay acceso público a la información del proceso de concursos?
—Sí, absolutamente. Desde la publicación en el Boletín Oficial, todos los plazos y cargos son públicos. Cada etapa —admisibilidad formal, impugnaciones, resultados— se comunica y se notifica. Cualquier ciudadano o medio puede solicitar esa información. Las sesiones del Consejo son grabadas y hay registros de todo lo actuado. Coincido plenamente con la necesidad de acceso a la información pública. Debería haber una página web donde toda esta información esté disponible. Es algo en lo que estamos trabajando, porque es un derecho de la ciudadanía saber quiénes integran el Poder Judicial y cómo se accede a esos cargos.
—¿Cree que hay una deuda con la transparencia?
—Sí, aún hay mucho por mejorar. Entiendo la inquietud de los medios y de la ciudadanía. La transparencia debe ser una prioridad. Que haya mayor difusión de la información es clave para dejar de ver al Poder Judicial como una institución lejana. Tenemos que acercarlo a la gente, y eso empieza por garantizar el acceso a la información.
