El diputado provincial por FCR Cambiemos, Gustavo Galván salió a exigir que la Cámara baja recupere la potestar para regular las tarifas de energía eléctrica.
Galván recordó que la reglamentación actual le otorga la facultad total para aplicar las tarifas de la energía eléctrica al Ejecutivo Provincial. Por esa razón, el diputado ingresó un proyecto de ley para que la Cámara de Diputados recupere su competencia original de fijar esos aspectos, "teniendo en cuenta factores como la equidad y la justicia social, fundamentalmente al momento de aplicar la tarifa social".
El legislador de Cambiemos, destacó que en el año 2012, la Cámara de Diputados aprobó la Ley 9323, a través de la cual se declaró la Emergencia de los servicios de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. "Mediante esta normativa, la Cámara de Diputados renunció a su potestad de discutir, autorizar y fijar las políticas tarifarias; otorgando esa potestad al Gobernador y su dependientes del EUCOP", subrayó.
En este punto, Galván sostuvo que la situación descripta "pone al Gobierno Provincial como juez y parte a la hora de fijar y regular las tarifas y políticas energéticas". “Jamás transparentaron los criterios, ya que EDELAR es una SAPEM, por ende el Gobierno es controlado e irónicamente controla sus tarifas. Por ello, en octubre del 2018 ingresamos un proyecto ley para que la Cámara Legislativa recupere esta atribución”, indicó.
Para Galván, el régimen tarifario "debe priorizar dos aspectos: en primer lugar, la equidad tarifaria provincial, lo cual implica, entre otras cosas, que los aumentos dispuestos para los usuarios domiciliarios, debe tener relación con el promedio de ingresos de los trabajadores riojanos y el porcentual de los aumentos salariales que se apliquen a nivel provincial", señaló.
A su vez, el legislador radical agregó que este régimen "también incluye a las pymes y cooperativas de trabajo, a quienes no podrá aplicárseles un aumento por encima del índice de precios internos al mayor (IPIM) publicado por el INDEC".
Además no podrán crearse nuevos cargos a la demanda de servicios públicos indicados, ni aplicarse cargos existentes que conlleven, de cualquiera manera, a un incremento tarifario", amplió.
Por otro lado, Galván mencionó que el segundo aspecto del proyecto de ley propone "establecer un régimen provincial de beneficiarios de la tarifa social que proteja a los usuarios más vulnerables, como jubilados y pensionados y beneficiarios de programas sociales; trabajadores en relación de dependencia que cobren menos de dos salarios mínimos vitales y móviles y a monostributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere en tres veces el salario mínimo vital y móvil; y a los usuarios inscriptos en el régimen de monotributo social.
"El sistema de Tarifa Social también debe contemplar a entidades sociales y culturales tales como los centros asistencialess públicos; entidades educativas públicas de cualquier nivel; entidades religiosas que acrediten tal condición y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social (Instituto, comedores comunitarios, centros de formación y capacitación, y centros de recuperación); como así también a espacios culturales comunitarios", completó.