El juez Gamal Chamía manifestó en La Mañana de La Red: “Yo ya tengo mi criterio sentado respecto de la ley 24.390, que a partir del año 1.994 y hasta el 2.001 impuso la regla del 2×1 para aquellas personas que, esperando el juicio, habían estado con prisión preventiva”, y recordó: “Se computaba por un día de prisión preventiva dos de prisión efectiva. Se disminuía a la mitad al momento de dictar sentencia”.
“Este fallo de la CSJ nos sorprendió a todos, pero es un fallo dividido”, indicó Chamía y remarcó: “Lo que más se sintió en este caso es que se lo aplicó a condenados por delitos de lesa humanidad. Respondieron al terrorismo de estado que consistía en un plan sistemático de exterminio de personas y el robo de bebés nacidos en cautiverio”.
En cuanto a la gravedad del fallo, el funcionario judicial opinó: “Es como se está diciendo por ahí, que a las víctimas también se les debería hacer el dos por uno al dolor. Fue un fallo que pegó en el sentimiento de dolor que tiene respecto de lo que ha pasado en Argentina”.
Asimismo, Chamía sostuvo: “Aunque no hayamos sufrido la pérdida de ningún familiar, creo que debemos ser solidarios con las personas que los sufrieron”, y recordó: “Hijos que perdieron a sus padres, nietos que aún se siguen buscando y estan con el dolor latente. Y a esos tipos que fueron condenados por esto se los está beneficiando con esta medida”.
Por otra parte, el juez de la Cámara III señaló: “Se puede modificar pero van a tener que establecer los fundamentos para dar vuelta el fallo. Lo único que les queda a las víctimas es denunciarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violación a los DDHH”.
Respecto de los pedidos de aplicación de este beneficio al resto de los presos por delitos de lesa humanidad, Chamía aclaró: “Hay que estudiar si en el momento de quedar detenido estaba vigente la ley 24.390, los motivos que los llevaron a que se haya demorado el tiempo que se demoró en prisión preventiva y se le dicte el fallo, es decir, si hubo un plazo razonable o no para el dictado de la sentencia de ese sujeto esperando el proceso porque ningún caso es igual a otro”.
“No estamos hablando de lesiones leves, ni un homicidio cometido en flagrancia, estamos hablando de terrorismo de estado que sucedió en la década del 70 y que son imprescriptibles porque son delitos de lesa humanidad”, expresó Chamía, y recordó además: “La ley decía que se debía prever que no hayan sido los abogados quienes dilataron el proceso”.
“No estamos hablando de lesiones leves, ni un homicidio cometido en flagrancia, estamos hablando de terrorismo de estado que sucedió en la década del 70 y que son imprescriptibles porque son delitos de lesa humanidad”
De la misma manera, el juez de la Cámara III dijo en cuanto a quienes podrían ser beneficiados por este fallo: “Estarían en la misma situación la mayoría de ellos. Todos van a pedir el beneficio. El fallo de la Corte genera un derecho del que todo el mundo va a querer hacer uso”, y agregó: “Ya hay un fallo de un tribunal que denegó el pedido a un condenado por delito de lesa humanidad”.
“El 2×1 se sancionó para todos los delitos. pero para este tipo de delito hay que tener en cuenta que son delitos que afectan a toda la raza humana”, afirmó Chamía.
“Lo que todos queremos es que no sea una decisión política, sino una decisión jurídica, porque es el máximo tribunal del país” señaló Chamía, y añadió: “Si bien tiene una cuestión política que debe interesar porque es uno de los poderes del estado, tiene que estar directamente vinculado a la política criminal que sigue el estado. Ningún juez de la nación va a estar fuera de la situación política o jurídica por la que está pasando el país”.
“Yo creo que no era desconocido para ellos el sufrimiento del pueblo argentino por las masacres de esta gente con niños mujeres y hombres a partir del año 76 en el que tomaron el poder y comenzaron con el terrorismo de estado”, concluyó el juez de la Cámara III, Jorge Gamal Chamía.