La política argentina, basada en un sistema fragmentado de recambio institucional que prácticamente no da tiempo a nada, provoca muchas situaciones que pronto son suplantadas por otras y así vamos, ciudadanos y país, como melones en el carro, pero sin acomodarnos, chocando unos contra otros.
Esto es lo que pasa ahora con la postura de los gobernadores –todos-, los diputados y senadores versus el gobierno nacional, abordando temas tan disímiles como jubilaciones, combustibles, anticipos del Tesoro Nacional. Todo esto en medio de un proceso electoral. Lógico, por lo que dijimos al principio.
Claro que si hablamos de elecciones, hablamos de dinero cantante y sonante. Sabemos que el mejor negocio/trabajo es la política: es bien remunerada y si el protagonista es astuto, no tiene patrones; acumula ganancias, es decir mejora su vida y la de su familia/s y allegados/as y también acrecienta su poder, lo cual es muy importante por si en un futuro cercano o lejano cambian las condiciones.
Pero tomemos el tema de los combustibles. Según el economista Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el proyecto aprobado por el Senado para redistribuir los impuestos a la transferencia de combustibles líquidos y a la emisión de dióxido de carbono representa una pérdida de recursos del Estado Nacional de $1,5 billones en un año, aproximadamente.
Ambos impuestos tienen ya una distribución con los estados subnacionales. El 25% se reparte de manera igual con todas las provincias y el 75% en función de criterios establecidos por ley. Los dos impuestos recaudan al año $4,8 billones, que equivale al 0,57% del Producto Bruto Interno (PBI). De ellos actualmente la Nación se queda con el 0,429% del PBI. Con los cambios bajaría al 0,24%.
En cambio, el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pasarían de recibir $1,2 billones al año (0,143%) a $2,78 billones (0,330%). En función de la cantidad de litros de combustibles que se venden en cada estado provincial, el que se llevaría la mayor parte es la provincia de Buenos Aires, que pasaría de $203.058 millones a $471.435 millones al año.
En segundo lugar aparece Santa Fe, que pasaría de registrar ingresos por $84.335 millones al año a $212.562 millones. Luego está Córdoba, de $83.331 millones a $207.911 millones y la Ciudad de Buenos Aires, de $9.272 millones a $78.720 millones. Pero términos relativos, la Capital Federal resultaría el estado más beneficiado. Su incremento sería del 750% respecto de su situación actual.
La Rioja estaría en la mitad de la tabla de las provincias, pasando de los actuales 26.288 millones anuales y con la ley aprobada pasaría a tener 70.741 millones. Siempre es un estimado porque recordemos que los combustibles aumentan prácticamente mes a mes y no todas las firmas lo venden al mismo precio.
Pero además la iniciativa sancionada contempla la eliminación de seis fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda) financiados con ambos tributos. Suena muy raro porque las provincias –especialmente La Rioja- están reclamando fondos para viviendas, para obras eléctricas y para el transporte de pasajeros.
¿Y las jubilaciones?
Si vamos por el lado de las jubilaciones y pensiones nada más cierto que las personas mayores están pagando el costo más alto del reacomodo económico que impulsa el gobierno. Pero al mismo tiempo también es cierto que el gasto mayor del presupuesto nacional es precisamente el sistema previsional, a raíz de las jubilaciones entregadas por moratoria, (la que quiere volver a implantarse), es decir sin aportes genuinos previos. Sólo para tener una idea, basta decir que las jubilaciones por moratoria desde el 2005 hasta hoy, aumentaron desde cero a 3.944.290 beneficiarios. En cambio las jubilaciones con aportes, disminuyeron de dos millones en el 2001 a 1.810.225 en marzo de este año.
Según estimaciones privadas estiman un gasto extra de $2,7 billones (0,31% del PIB) entre agosto y diciembre en caso de aplicarse el proyecto aprobado recientemente.
Por otro lado, una investigación periodística (¡cuándo no!) nos recuerda que sólo en diciembre del año 2024 el Estado Nacional destinó 126,7 millones de pesos en jubilaciones de ex presidentes y pensiones de sus deudos. El caso de Rodríguez Saa es el más emblemático: sólo estuvo siete días de Presidente y en diciembre recibió 15,1 millones de pesos. Pero el listado de los once primeros, lo encabeza Mauricio Macri con 15,7 millones.
También figura Zulema Yoma con 13,1 millones de pensión; la esposa del general Levingston, presidente de facto cobró 12,6 millones y la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, 11,7 millones de pesos. Completa el dato que entre mayo y diciembre del 2024, estas pasividades aumentaron un 104% en términos reales. De este grupo selecto de once “pasivos”, la ANSES excluyó recientemente a Cristina Fernández de Kircher (21,8 millones) y a Amado Boudou.
Ahora bien, de este tema no se habla aunque sus protagonistas sean personas públicas, estén libres, procesadas, etc. O sean “santas”. Silencio total, sobre todo de parte de los legisladores. ¿Será porque piensan que tal vez, alguna vez, puedan llegar a integrar esos grupos selectos?
¿Y los famosos ATN?
Los riojanos tenemos bien presente a los Anticipos del Tesoro Nacional. Durante muchos años, después que Menem acordara con el entonces presidente Alfonsín, ceder un punto de la coparticipación riojana, fundamentalmente para la provincia de Buenos Aires, La Rioja siempre recibió ATN como una especie de compensación por aquella quita, hasta que se transformó en una ley nacional.
El IERAL, que dirige Osvaldo Giordano, recuerda que el Fondo de Adelantos del Tesoro Nacional, se integran con el 1% de la masa coparticipable neta, a lo que se agrega un 1% de la porción coparticipable del Impuesto a los Bienes Personales. Fue creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.
Entre 2017 y 2025 se transfirió, en promedio, un 26% de los ingresos de fondos de cada año. Algunas jurisdicciones han tenido una participación mayor en los ATN enviados de lo que les hubiera correspondido si los mismos montos se hubieran repartido según la distribución secundaria de la coparticipación.
Entre ellas, Chubut ha recibido fondos ATN con una participación 1,7 % superior a su participación en la coparticipación, en tanto La Rioja y Santa Cruz participaron con 1,4 y 1,3 % más que en dicha distribución secundaria, respectivamente. Por el contrario, Córdoba y CABA exhibieron una participación 2 puntos porcentuales inferior en los ATN que en la coparticipación, mientras que la provincia de Buenos Aires recibió 1,7 puntos porcentuales menos. Es decir, que de aplicarse la ley sancionada, salvo Chubut, todas las jurisdicciones tendrían mejoras respecto a lo recibido desde 2024. Córdoba sería la más beneficiada con ingresos adicionales que implican una mejora equivalente al 2,5% de lo que recibe por coparticipación.
¿Y el declamado y reclamado federalismo? Bien gracias! No molestar hasta después de las elecciones.
