El empresario chileciteño Fernando Luis Castañé presentó ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja una denuncia formal contra el fiscal Diego Torres Pagnusatt, a quien acusa de haber cometido los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y corrupción». La denuncia, presentada con patrocinio letrado de la abogada Andrea Pulido, se basa en una serie de acciones irregulares que, según afirma, configuran un uso deliberado del poder judicial con fines personales.
Pulido pidió expresamente que se dé cumplimiento a lo establecido en el inciso 4° del artículo 180 de la Constitución Provincial, solicitando que se ordene la apertura del Jurado de Enjuiciamiento para investigar y eventualmente remover al fiscal denunciado. “No estamos ante un error o un exceso momentáneo, sino ante una práctica sistemática de abuso de funciones, amparado en su cargo”, afirmó la letrada en el escrito en dialogo con Radio La Red La Rioja.
El núcleo de la denuncia, según el relato de Pulido, es un proceso de flagrancia iniciado contra Castañé, en el que fue detenido de forma repentina por una denuncia formulada por su expareja, Mariela Agüero, sin que existiera una orden judicial, ni una situación de urgencia o delito en curso que justificara tal procedimiento. “La flagrancia requiere inmediatez entre el hecho y la aprehensión. Aquí, no solo no hubo delito flagrante, sino que se encontraba a más de 60 kilómetros del lugar del supuesto incidente, circulando en su vehículo y sin ningún tipo de restricción legal sobre su persona”, explicó la abogada.
¿Qué motivó al fiscal a actuar de esta manera?
Según la denuncia, existía un vínculo personal entre el fiscal y la denunciante, lo que, de comprobarse, comprometería gravemente su imparcialidad. “El fiscal tenía un claro interés afectivo con la denunciante, lo que invalida cualquier tipo de objetividad en su intervención”, sostiene Pulido, quien además asegura que ese vínculo nunca fue explicitado ni informado como lo exige el deber de transparencia de los funcionarios públicos.
A lo largo del documento, la abogada plantea un panorama preocupante: una estructura judicial puesta al servicio de un conflicto privado, en el que el fiscal habría utilizado su posición para impulsar causas sin sustento legal, ordenar detenciones arbitrarias, y presionar mediante audiencias sin base jurídica. “No se trató de una causa aislada. Hubo múltiples acciones que se conectan en una misma línea de conducta: forzar instancias judiciales, impulsar causas millonarias de contenido civil, y hasta avalar pedidos económicos por parte de la denunciante”, sostuvo la letrada.
¿Hubo intervención de la Justicia para detener estos abusos?
Sí. La Cámara de Apelaciones resolvió apartar al fiscal Pagnusatt de todas las causas en las que tuviera alguna intervención relacionada con Castañé. Lo hizo luego de hacer lugar a una recusación presentada por Pulido, al considerar probada la existencia de un vínculo que comprometía su neutralidad. “Fue un paso fundamental. Demuestra que el Poder Judicial no es indiferente a este tipo de abusos, y que hay jueces dispuestos a poner límites cuando corresponde”, expresó Pulido.
La denuncia contra el fiscal de Chilecito, suma un nuevo elemento: el supuesto pedido de dinero al denunciante. Según Pulido, en una de las ocasiones en que Castañé fue citado a la fiscalía, mantuvo una conversación directa en la que el fiscal le habría solicitado una suma de dinero.
¿El fiscal le pidió plata a Castañé?
—Sí, sí. Este hecho está denunciado, lo declaró el propio Castañé y ya está en trámite en el Consejo de la Magistratura.
“Los fiscales tienen el deber de proteger a la sociedad, no de perseguir a ciudadanos por intereses propios. Cuando eso sucede, no solo se vulnera la ley, se destruye la confianza pública en las instituciones”, dijo la abogada.
