El abogado Adrián Vedia presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunta malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en el marco de un esquema de desvío de fondos millonarios desde el PAMI hacia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y empresas privadas.
Según explicó Vedia, la maniobra habría consistido en transferencias de dinero bajo la apariencia de convenios con la ANDIS, que en realidad encubrían pagos ilegítimos a firmas particulares. “Se trata de un tema millonario, una desviación de caudales públicos que deberían haber sido destinados a prestaciones de salud para los afiliados del PAMI”, afirmó el abogado.
De acuerdo con la presentación judicial, las operaciones se realizaron por fuera del sistema digital de control, utilizando expedientes en formato papel para eludir los mecanismos de fiscalización interna. “A través del sistema de pagos se detectaron transferencias autorizadas que no contaban con los expedientes digitales correspondientes”, explicó Vedia.
La denuncia apunta directamente contra Martín Menem, Lule Menem y José Amado Menem, este último señalado como administrador del PAMI, a quienes se los vincula con la estructura que habría permitido el desvío de fondos. “Todas estas operaciones tienen como jefe a un tío de Martín y Eduardo Menem”, sostuvo el letrado.
El abogado también recordó que existen audios difundidos a nivel nacional que formarían parte de otra investigación por el presunto pago de coimas en el marco del convenio con la ANDIS. “Se habla del famoso retorno del 3%, que incluso involucraría a familiares directos del presidente”, expresó.
Según la documentación acompañada a la causa, el monto detectado hasta el momento ascendería a 2.200 millones de pesos en apenas tres meses. “Y eso solo corresponde a las transferencias que pudimos identificar; el monto total podría ser mucho mayor”, agregó Vedia.
La denuncia solicita que la Justicia Federal disponga allanamientos en las oficinas del PAMI de La Rioja y Córdoba, ya que las transferencias sospechosas también habrían involucrado a esas sedes. “Detectamos un desfasaje total entre los pagos habituales del organismo y las transferencias extraordinarias a clínicas privadas, que podrían haber funcionado como pantallas para los retornos”, señaló el abogado.
Vedia concluyó que el caso revela “un entramado de corrupción estructural que combina la malversación de fondos públicos, el abuso de autoridad y el tráfico de influencias, afectando recursos destinados a la salud de miles de jubilados y personas con discapacidad”.
