El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al paso de las declaraciones del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien cuestionó la legalidad de la asunción del magistrado Manuel García-Mansilla por medio de un decreto presidencial. En una reciente conferencia de prensa, Francos defendió la decisión del presidente Javier Milei y subrayó el respaldo institucional que la Corte Suprema ha brindado a dicha designación.
«Lorenzetti habrá estado en la toma de juramento del juez García-Mansilla. A veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia», expresó Francos, refiriéndose a los comentarios del magistrado sobre la naturaleza del nombramiento. A pesar de las críticas, el jefe de Gabinete afirmó que no le «preocupa demasiado» lo dicho por el Ministro de la Corte Suprema, lo que sugiere una postura firme respecto a la legitimidad del proceso.
Francos recordó que «el último órgano que sanciona la constitucionalidad de un acto es la Corte Suprema», haciendo hincapié en que esta misma Corte ratificó los decretos del presidente Milei que designaron en comisión a García-Mansilla y al juez Lijo. Esta afirmación resalta la confianza del Gobierno en las decisiones judiciales recientes y su compromiso con el marco legal establecido.
Además, el jefe de Gabinete añadió que «no hay reparo sobre la atribución del presidente para designar jueces en comisión», defendiendo así el ejercicio del poder ejecutivo en este contexto. La declaración se produce en un momento en que el equilibrio entre los poderes del Estado es objeto de intenso debate, especialmente en lo relacionado con las designaciones judiciales.
Por su parte, Lorenzetti había manifestado previamente su posición al afirmar que «nunca aceptaría ser designado por decreto», lo que ha generado un enfrentamiento indirecto entre dos altos funcionarios judiciales sobre el proceso de selección y nombramiento dentro del sistema judicial argentino.
Este intercambio pone de relieve las tensiones existentes entre el poder ejecutivo y el judicial, así como las diferentes interpretaciones sobre la aplicación y límites del decreto presidencial en cuestiones tan sensibles como son las designaciones judiciales. En un clima político ya polarizado, estas declaraciones podrían tener repercusiones significativas en el futuro de las relaciones entre ambos poderes y en la percepción pública sobre su funcionamiento.
